En México, el plan de Donald Trump de construir un muro de cuatro metros de altura a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera de los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas no genera tanta alarma como en los anuncios electorales de la campaña de Clinton.
Esto tiene una explicación sencilla, según explica el geógrafo de la Universidad de California Michael Dear. “El muro ya existe; hay 1.000 kilometros de vallas construidas equipadas con los últimos sistemas de vigilancia; sólo falta la valla donde la frontera coincide con los ríos, que tienen muchos meandros”, dice Dear, que ha recorrido cada metro de la frontera para investigar su libro Por qué los muros no funcionan.
La paradoja del debate presidencial es que el muro existente fue idea de los Clinton. Su construcción se puso en marcha a mediados de los años noventa, después de que las respectivas administraciones de Bill Clinton y Carlos Salinas de Gortari firmasen el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que redujo drásticamente los aranceles sobre el comercio y las inversiones en México, Canadá y EE.UU. Fue entonces cuando se empezó a levantar una barrera en áreas urbanas como San Diego-Tijuana y Nopales hecha de láminas de acero utilizadas en la guerra de Vietnam. “El muro tiene las huellas dactilares de Bill y Hillary Clinton de arriba abajo,” dice Todd Miller, periodista residente en Tucson (Arizona) y autor del libro Border Patrol Nation (Nación de patrulla fronteriza).
Según la teoría económica de la globalización de mercado, entonces incuestionable, el muro sería una necesidad provisional. El TLC aceleraría el crecimiento en ambos países, pero sobre todo en México, donde la creación de empleo y las subidas de los salarios supuestamente irían cerrando la brecha económica entre los dos países y así se reducirían los incentivos de los mexicanos para migrar. “Si votáis contra el TLC, seréis responsables de más inmigración a EE.UU.”, advirtió el expresidente Gerald Ford en un mitin en favor del TLC organizado por Clinton en 1993.
Pero el TLC no facilitó la convergencia entre México y EE.UU. y, en lugar de frenar la inmigración mexicana, la convirtió en una oleada imparable. La fuerte entrada de productos alimentarios subvencionados por el Estado federal de EE.UU. –sobre todo el maíz, pero también otros productos como la carne– quebró la economía rural en México y privó a millones de campesinos de su base de subsistencia. Muchos se dirigieron hacia la frontera. En la primera década del nuevo siglo, medio millón de indocumentados cruzaban la frontera cada año.
En general, los salarios en EE.UU. se han estancado desde antes de la firma del TLC. George Borjas, economista de Harvard, calcula que la inmigración en Estados Unidos entre 1980 y el año 2000 “bajó el salario medio, a corto plazo, del 3% al 8% para los estadounidenses menos cualificados”, un efecto resaltado hasta la saciedad por Donald Trump, que defiende la renegociación del TLC. Lo que se comenta menos es que en México los salarios caen también. 1,26 millones de trabajadores han bajado hasta el nivel del salario mínimo (3,2 euros al día) desde el 2012. El salario medio en México ya es inferior al chino en muchos sectores. “Trump dice que México ha ganado y EE.UU. ha perdido, pero los únicos beneficiarios del TLC son las empresas transnacionales”, dice Laura Carlsen, del Centro de Política Internacional en México.
En 1994 sólo había 4,5 millones de personas nacidas en México residentes en EE.UU. Ahora son 12 millones y se calcula que siete millones son indocumentados. A estos se suman millones de centroamericanos –muchos niños– que no sólo huyen del impacto de su propio tratado de libre comercio con EE.UU., sino también de una violencia sembrada durante las guerras financiadas por Ronald Reagan en los años ochenta.
El éxodo de jóvenes mexicanos agrava la crisis de la violencia y el narcotráfico en estados pobres como Oaxaca, Guerrero o Michoacán. “El problema más grave para México es la despoblación del campo y la emigración; permite la entrada de la violencia”, dijo el premio Nobel de Literatura Jean Marie Le Clézio durante el festival literario Hay en Querétaro la semana pasada. Por eso, las protestas en México contra la descabellada propuesta de deportación masiva de Trump se compaginan con otra reivindicación, resumida en la consigna del gobierno de Oaxaca: el derecho de quedarse en casa.
Querétaro, a 200 kilómetros de Ciudad de México, no es el peor ejemplo del impacto del TLC. Ha logrado crear un conglomerado de empresas del sector aeronáutico, gracias al tratado que ha facilitado la deslocalización a México de miles de plantas de fabricación industrial estadounidenses, principalmente en el sector del automóvil. Pero, como principal productor de carne porcina de México, Querétaro ha perdido. “EE.UU. vende carne a precios muy bajos y no podemos competir”, según un representante del sector. Irónicamente, las grandes multinacionales cárnicas en EE.UU. como la gigante Smithfields (matriz de Campofrío) han exportado a precios muy bajos a México gracias a la contratación de miles de mexicanos sin papeles –la mayoría de Oaxaca y Guerrero– dispuestos a trabajar por 11 dólares la hora.
Las empresas de tecnología aeronáutica en Querétaro difícilmente pueden participar en el gran negocio del nuevo siglo para el sector de defensa y seguridad: el mismísimo muro militarizado. Los 20.000 millones de dólares anuales gastados en seguridad fronteriza se traducen en contratos muy lucrativos para empresas aeronáuticas como Boeing, que fabrica torres de vigilancia robotizadas, o General Atomic, cuyos drones y sistemas integrados de sensores y radar dificultan aún más la travesía del inhóspito desierto fronterizo. Sin olvidar la US Corrections Corproration, que cobra unos 124 dólares al día por cama ocupada en sus centros de detención de miles de inmigrantes en vías de deportación.
A fin de cuentas, al igual que la idea de la “gran muralla”, las deportaciones masivas que Trump propone ya son una realidad. Durante la primera presidencia de Barack Obama, las deportaciones, principalmente de indocumentados que han cometido algún delito (normalmente muy menor), han batido récords: 2,7 millones desde el 2008. Si es cierto que Trump ha modificado su plan de deportaciones para centrarlo en los delincuentes, el plan se parecerá a los primeros años de Obama.
Cualquiera que sea el ganador en las elecciones del 8 de noviembre, el gasto en la militarización permanente del muro con toda seguridad seguirá al alza, vaticina Miller: “Me imagino que la industria está esperando otro paquete de gasto como los 46.000 millones de dólares aprobados en el 2013. Más muros, más tecnologías, otros miles de agentes en la patrulla fronteriza; igual Trump mete un poco más pero la diferencia con Clinton es menor de lo que pensamos ”.