El Mundo ahora mismo:
El apenas año y medio de
Consuelo Castro Rey (Orense, 1964) al frente de la
Abogacía del Estado está marcado por la polémica después de una decisión trascendental. Fue la mano ejecutora que
obligó a dejar de acusar por rebelión a los líderes del
procés en la
causa del 1-O para hacerlo tan sólo para sedición.
Este volantazo fue interpretado entonces como una concesión al independentismo en pleno proceso de distensión y diálogo por parte de
Pedro Sánchez. Como sucede ahora mismo con la petición sobre
Oriol Junqueras.
Aquella decisión en noviembre de 2018 significó un cambio absoluto respecto al criterio mantenido por la Abogacía del Estado durante toda la fase de instrucción y provocó un escándalo político enorme porque, además, se remató llevándose por delante a
Edmundo Bal como abogado-jefe del Departamento de Penal. El responsable de esta área durante 16 años
fue fulminado de la causa por Castro y fue apartado a otras tareas menores porque se negó a firmar un escrito de acusación que minimizaba los episodios de violencia sucedidos al hilo del
procés, y que servían para apuntalar el delito de rebelión. Por eso, había que rebajarlos. Donde se decía violencia, se utilizaron expresiones tales como «incidentes», «disturbios», «tumulto» o «actitud hostil». Todo para diluir ese delito y, con ello, la petición de penas en el juicio.
Bal
acabó fichando poco después como candidato de
Ciudadanos mientras que Castro ascendió en su lugar a
Rosa María Seoane, procedente de Adif y sin experiencia previa en Penal.
De nuevo, como entonces, los intereses de Pedro Sánchez en su relación con los independentistas se cruzan en el camino de esta jurista gallega, que depende del Gobierno. Su nombramiento fue impulsado en junio de 2018 por la ministra de Justicia,
Dolores Delgado, tras más de una década como abogada del Estado-jefe en
Galicia.
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