Que un casero particular actualice a su gusto las rentas que pagan sus inquilinos al cabo los primeros cinco años de contrato es un trámite legal sin trascendencia. Pero si el propietario del piso es el Estado -la Seguridad Social-, el gestor de las rentas es una empresa pública -la Sociedad Pública del Alquiler (SPA)- y la subida es
del 18,5%, en un momento en el que los precios del alquiler cotizan a la baja, la operación adquiere tintes informativos.
Al menos, esto es lo que denuncian 17 familias de Madrid, todas ellas
vecinas del número 6 de la calle Mallorca, un inmueble que la Tesorería General de la Seguridad Social puso en alquiler en el año 2006 gracias a un convenio con la Sociedad Pública del Alquiler (SPA), acto político ministerial mediante, canapés y entrega de llaves de plata para los beneficiarios.
El pasado 26 de mayo de 2011, "105 familias de todo el Estado recibimos un
burofax en el que se nos notificaba la finalización de los contratos y la posibilidad de suscribir uno nuevo si se aceptan los nuevos precios de mercado, sin especificarse cuáles son éstos". El escrito venía firmado por la presidenta de la sociedad, Nieves Huertas. Quince días después, cada inquilino recibió por correo electrónico
una carta con las nuevas condiciones: una subida del 18,5% en función de los "nuevos precios de mercado" calculados por la SPA.