De los 50 Estados de los que se compone la Unión, 18 han abolido la práctica de la pena de muerte (19 si se cuenta el Distrito de Columbia) y 32 la mantienen en sus ordenamientos jurídicos, aunque en algunos de ellos está en suspenso debido a la falta de medicamentos para aplicar la inyección letal -el caso de Oklahoma- o simplemente llevan años sin practicarla -Colorado; Kansas; y el Gobierno Federal y el estamento Militar-.
La opinión pública estadounidense la rechaza como nunca antes en los últimos 40 años, dato este importante si el Tribunal Supremo tuviera que definirse sobre su constitucionalidad. De un 80% a favor a mediados de la década de los noventa, el apoyo a la máxima pena ha caído a un 56%, según datos de abril del Pew Research Center. Nebraska es una prueba de esa tendencia. En la actualidad, 10 hombres esperan su cita en el corredor de la muerte de este estado, después de que un preso muriera el pasado domingo a causa de un cáncer cerebral. Nadie ha sido ejecutado en Nebraska desde 1997.
Otros asuntos sociales, como el aborto o los matrimonios del mismo sexo, viven una experiencia similar a la de la caida en la opinión pública de la pena de muerte, con cada día más estadounidenses definiéndose a favor de ambos.
