El “caso PP” (4): La cloaca alicantina
Sonia Castedo.
Enrique de Diego.- En Alicante, la corrupción ha sido llevada a niveles extremos, con la peculiaridad de que afecta tanto a los que se conocieron como los campsistas como a los que dieron en llamarse los zaplanistas, en una especie de transversalidad, que sugiere la lucha de facciones de una mafia en pugna por el mercado.
Está imputada la alcaldesa de Alicante, campsista, Sonia Castedo, igual que la exdirectora general de Canal 9, exjefa de prensa del Ayuntamiento de Benidorm y ferviente zaplanista, Genoveva Reig. La alcaldesa de Alicante ha reconocido en sede judicial que viajó y pasó vacaciones en Ibiza en el yate del cacique de la construcción alicantina, el empresario Enrique Ortiz. Da grima leer las grabaciones de Brugal, el Gürtel alicantino, en las que Ortiz debate con su esposa los regalos para todas las concejalas y para la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso. La policía sospecha que Ortiz le regaló un mini a la niñera de Sonia Castedo y un camión al esposo de la alcaldesa, que lo niega. Enrique Ortiz recibió el Plan General de Ordenación Urbana antes que los grupos de concejales.
Genoveva Reig está imputada, con Bruno García, en relación con Canal 37, una televisión local que acumuló deudas de tres millones de euros, y que el PP “colocó” al empresario Ángel Fenoll a cambio de favores políticos en las contratas de basuras de diversas localidades. Tres concejales del PP de Calpe se dedicaban a triplicar las toneladas de basura reales. Se hace buen negocio con la mierda a costa del contribuyente.
También están imputados el exalcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, quien en el verano de 2008 viajó, junto a la concejala Sonia Alegría, en jet privado a la isla de Creta con un coste de 36.000 euros, más 9.000 de la estancia, que fueron sufragados por empresarios amigos. O la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, que llegó a ser presidenta de las Cortes Valencianas, y para la que el fiscal anticorrupción pide once años de cárcel. Estos dos, campsistas. Pero también está imputado el dirigente zaplanista, José Joaquín Ripoll, que fue presidente de la Diputación y ahora lo es de la Autoridad Portuaria. Imputado por cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a los funcionarios.
La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, aparece como la principal contratante de los servicios de Orange Market, de Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Su esposo, José Antonio Peral, miembro del Comité de Derechos y Garantías del PP regional, presenta un abrumador enriquecimiento que la pareja justifica por los beneficios de su despacho de abogados, a pesar de que numerosas fuentes del mundo judicial ilicitano coinciden en señalar que sólo se han dedicado a litigios de contenido político y que siempre han tenido escasa actividad. Curiosamente, en sociedad con otro concejal del PP, Peral es propietario de tres extensas parcelas, dos colindantes con proyectos de campos de golf y otra, en la zona de Rabassa, en el municipio de Alicante, recalificada por Sonia Castedo, con el proyecto de un macrocentro de Ikea. Sólo está curiosa intuición, y la recalificación, han representado una revalorización de los terrenos de al menos 20 veces.
El Partido Popular ha hundido la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ni más ni menos que 137 años de historia de pericia y honradez dilapidados en un saqueo infame del que el PP es el culpable al 100%. Entre 2004 y 2010, los directivos de la CAM, puestos y respaldados por el PP, se incrementaron el sueldo el 44%. El presidente de la CAM, Modesto Crespo cobró por dietas 30 veces lo que le correspondía, hasta sumar 640.000 euros (históricamente, el cargo de presidente era no remunerado). Lo mismo hicieron el resto de miembros del Consejo en un saqueo desmesurado. También recibió millones de euros en créditos con intereses que oscilaban entre el 0 y el 2,5%. Cinco directivos se repartieron en prejubilaciones 13 millones de euros; el penúltimo director general, Roberto López Abad, 5,6 millones. Estaban previstos 57 millones para jubilaciones millonarias para 13 directivos. La última directora general, María Dolores Amorós se puso una jubilación vitalicia de 300.000 euros anuales. En 2011, el Consejo de saqueadores dio como cifra oficial unos beneficios de 38,9 millones; tres meses después se pudo dar la cifra real: pérdidas de 1.136 millones de euros.
En un Estado de Derecho, con independencia del Poder Judicial, el debate estaría en la ilegalización del PP, si bien en Alicante no sería necesario ningún debate. La cloaca del PP alicantino atufa con hedores asquerosos y nauseabundos.
), a ver si va a ser lo que decíais de jueces y ego...
