Los disparates faraónicos de Camps-Barberá pasan factura a Valencia
@S. McCoy 09/06/2011
Ha causado estupefacción entre propios y extraños la intención de Francisco Camps de prorrogar el contrato que une a Valencia con la Fórmula 1 de 2014 a 2020, a razón de entre 20 y 30 millones de euros anuales, que se anunciaría a finales de este mes. Choca con el principio de austeridad que habría de presidir la actuación de un gobierno que acumula deudas por las esquinas y que ha tenido que recurrir a una costosa financiación minorista a corto plazo para hacer frente a sus gastos corrientes.
Vulnera también la renovada exigencia de transparencia a las cuentas públicas regionales al ser éste un contrato no expuesto al escrutinio de la ciudadanía, de ahí el baile de cifras. No se ha cuantificado tampoco el potencial beneficio para la ciudad de este evento, único dato que podría, en un momento dado, justificar tal dispendio. Sea como fuere, cualquiera renuncia a pasearse en un Ferrari descapotable antes del GP. Antes muerto que sencillo.
Ese es el problema de base. El espíritu faraónico de los gestores regionales y locales de la Comunitat se ha concretado en grandes obras o compromisos financieros, como la propia F1, que, uno, hay que pagarlos, dos, hay que mantenerlos, y tres, hay que amortizarlos. Pudo el relumbrón presente de proyectos firmados por los mejores estudios de ingeniería o arquitectura frente al nubarrón futuro de las obligaciones contraídas y de su falta de viabilidad real... en cualquier coyuntura; primó la efervescencia del evento. ¿Dónde estaban los modelos económico-financieros?
Claro ejemplo de lo aquí descrito es lo ocurrido con la Marina Real Juan Carlos I, que nace con motivo de la designación de Valencia como sede de la Copa América, en la que participan gobierno central, por un lado, y Ayuntamiento-Comunidad, por otro, a partes iguales. Una infraestructura que es paradigmática de lo que aquí se describe. Incapaz de hacer frente a la financiación que tiene concedida (pago), con importantes lagunas en términos de reglamentos de explotación y policía y de pago de tarifa portuaria (mantenimiento), se está dedicando a competir con el resto de los puertos privados de la región a través tanto de precios del amarre como de prestación de servicios gratuitos en función de la eslora (amortización). Titularidad pública e impunidad de la mano.
El resultado de esa agresiva política de gestión de una instalación innecesaria -en la región hay a día de hoy cerca de 6.000 amarres vacíos- y extraordinariamente costosa es la expulsión de los promotores particulares de esta actividad, que ven cómo son cada vez más las embarcaciones que deciden cambiar su puerto base a la capital. Unos inversores que, por cierto, están atados de pies y manos por unos cánones exigentes fijados, en muchos casos, en el auge de la burbuja nacional. De este modo las autoridades no solo incumplen su obligación de generar y redistribuir riqueza sino que hacen justo lo contrario: sacrifican la iniciativa empresarial en aras de su propia justificación.
Valiente novedad. Se cuentan por centenares los autónomos y empresarios que han ido a la ruina por la falta de pago en tiempo y forma de las Administraciones Públicas, problema mayor. Estos son, sin embargo, los representantes idóneos para gobernar Valencia, de acuerdo con el juicio democrático de sus ciudadanos. Y no es que no hubiera sospechas sobre su manifiesta incapacidad. No es de extrañar que la estupefacción se instale entre aquellos que tratan de comprender la idiosincrasia nacional. Es objetivamente imposible. Pero ah amigo, votos son amores que no buenas comisiones. Y en esas andamos. La orquesta del Titanic sigue tocando…
