Su historia comienza así... Cuando Julio se separó todos vivían en Inglaterra. Ella, sin trabajar, se quería volver a España; él no. «Me hacía la vida imposible. Me puso una denuncia por violencia doméstica... La archivaron, pero esa denuncia, en el aeropuerto, le sirvió para salir sin mi permiso». No es algo anormal. Se celebró entonces un juicio para ver cómo retornaba la niña a Inglaterra, porque el Gobierno británico la acusaba a ella de secuestro parental, «pero el juez español dijo que la niña donde mejor estaba era con su madre». Desde entonces, su ex ha incumplido el régimen de visitas. Julio planteó cambiar el régimen de custodia. Ella se negó y volvió a ponerle una denuncia, esta vez por vejaciones: «Me absolvieron, ella recurrió y, de nuevo, me absolvieron en segunda instancia». El juicio fue el 11 de octubre de 2017. Dos días antes, la madre había sacado a la niña del colegio y se resguardaron en un centro de acogida de madres maltratadas. Se enteró de que lo cambiaban a otro centro educativo. Allí logró hablar con la directora, la psicóloga y la trabajadora social. Le contaron que ella se presentaba como una mujer maltratada. Las educadoras, felizmente, se dieron cuenta de su inestabilidad mental. Después, a la abogada de Julio le llegó otra sorpresiva notificación: una que indicaba que, para cualquier contacto, la dirección de su hijo es una asociación de protección de maltratadas.
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Lo cierto es que cuando auténticos peritos judiciales analizan estos casos, los jueces españoles ratifican la pérdida de la custodia del niño por parte de la madre. Como a Luis -nombre cambiado, nos ha pedido protejamos su identidad-, cuya mujer se llevó a su hijo desde Cádiz a Mallorca. Una vez allí, le acusa por malos tratos. En la denuncia ella declara literalmente: «Que se quiere separar y que le ha dicho un abogado que le denuncie por malos tratos». Todo desestimado.