Respuesta: El Gobierno de Mariano
Pero ya en urgencias no "estaras obligado" a hacerles el chequeito, porque no es una urgencia
Antes te decian que como se lo iban a hacer mas tarde o temprano, ya que estaba alli...
España gasta más de 450 millones de euros anuales en atención sanitaria a inmigrantes
El coste económico que paga España por la asistencia sanitaria prestada a los casi medio millón de inmigrantes extranjeros sin recursos económicos suficientes supera los 450 millones de euros anuales. Esta es la estimación que hace el Tribunal de Cuentas, que eleva a 451.481.202,12 euros el coste total por esta prestación en 2009.
Un coste que el propio organismo fiscalizador del Estado califica de "elevado" y que le lleva a instar al Gobierno a "impulsar las medidas legislativas oportunas para que el coste de la asistencia sanitaria prestada a dicho colectivo pueda ser derivado, en su caso, a sus respectivos países de origen".
Pero, además del coste económico, el Tribunal de Cuentas ha detectado graves deficiencias en el procedimiento de nuestro sistema de Seguridad Social para el reconocimiento de la condición de "persona sin recursos económicos suficientes" que, aunque el Tribunal no lo afirma textualmente, si parece indicar que están originando importantes deficiencias de fraude.
En concreto, el organismo que preside Manuel Núñez denuncia que para acceder a la tarjeta sanitaria individual y a todas las prestaciones de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, incluidas prestaciones farmacéuticas, este colectivo de inmigrantes "no tiene la obligación de presentar un documento expedido por un organismo oficial del Estado de procedencia que acredite que la persona carece de cobertura sanitaria en dicho país". Una insuficiencia que permite a dichas personas "quedar a cargo de la Seguridad Social española a pesar de que pueden estar aseguradas en sus países de procedencia, con el consiguiente perjuicio económico para España".
Pero hay más. Este colectivo de inmigrantes, para acceder a las prestaciones sanitarias, sólo debe presentar una declaración jurada de ingresos económicos, a diferencia de los ciudadanos españoles, que deben acreditar la insuficiencia de recursos económicos mediante la presentación de la declaración de IRPF del último año o el certificado de la Agencia Tributaria acreditativo de que no tienen que presentar declaración. Hecho éste que el Tribunal considera "una discriminación con relación a personas de nacionalidad española".
El Tribunal de Cuentas ha detectado también supuestos en los que personas sin recursos económicos suficientes eran titulares de una Tarjeta Sanitaria Europea emitida por España, a pesar de que estas personas sólo pueden exportar el derecho de asistencia sanitaria para extranjeros si poseen el documento denominado Certificado Provisional Sustitutorio y por un máximo de 90 días al año.
La tarjeta sanitaria
Pese a ello, estas personas "habrían obtenido indebidamente la Tarjeta Sanitaria Europea emitida por España". En concreto, "a fecha de 15 de junio de 2010 existían 2.586 personas en esta situación", de las que el 28 por ciento residían en la Comunidad de Madrid y el 15 y el 14 por ciento, respectivamente, en Castilla-La Mancha y Murcia.
Por tanto, concluye el Tribunal, que "existe un riesgo de uso fraudulento de esta Tarjeta Sanitaria Europea, con el consiguiente perjuicio para los fondos públicos".
El convenio con Marruecos
Otro de los posibles casos de fraude detectados en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Gestión de las Prestaciones de Asistencia Sanitaria radica en el hecho de que personas declaradas oficialmente sin recursos económicos suficientes residan habitualmente en sus Estados de origen, fronterizos con España, y sigan manteniendo su tarjeta sanitaria individual en nuestro país, emitidas por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para recibir prestaciones en los centros y establecimientos sanitarios cuando regresen a España.
De esta forma, "ciudadanos marroquíes o portugueses pueden recibir asistencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en Cáceres, Badajoz o Pontevedra, dado que al no existir un adecuado control sobre este colectivo, cuando abandonan España, las comunidades autónomas y el Ingesa no anulan la tarjeta sanitaria individual que emitieron a su favor.
En el caso concreto de Marruecos, el informe de fiscalización afirma que el Convenio Bilateral de Seguridad Social establecido entre España y el reino alauíta, es "especialmente gravoso para España desde una perspectiva económica".
El Tribunal refleja cómo en 2009 y en el apartado de facturación por cuentas globales, España remitió a Marruecos facturas por un importe de 767.086,32 euros, mientras que el importe facturado por Marruecos era de 12.545.384,65 euros. Un importe que es 16 veces superior al facturado por España. Para el organismo fiscalizador esta situación obedece a que "en virtud del Convenio Bilateral, Marruecos factura a España por la asistencia sanitaria prestada a los familiares de trabajadores marroquíes que trabajan en España, pero que siguen residiendo en Marruecos".
