El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la ley de dependencia, que reducirá un 15% la paga a los cuidadores familiares de los dependientes, con el fin de ahorrar 285 millones de euros. También les exigirá unos conocimiento mínimos y acreditar la convivencia con el dependiente para concederles la asignación. El objetivo es dar prioridad a los cuidados profesionales y, en esta línea, la reforma propone una nueva redistribución de los fondos que las CCAA reciben del Estado que a partir de ahora beneficiarán cada vez más a aquellas que hayan apostado por la asistencia profesional.
COPAGO
También ha aprobado el Consejo un real decreto que modifica la aportación de los usuarios al sistema y establecerá un copago, que incluye a los dependientes con discapacidad, en función de sus ingresos, es decir, teniendo en cuenta el patrimonio(la vivienda o fincas) además de la renta.Con esta medida, según el Gobierno, se trata de conseguir un sistema "más justo, equitativo y solidario" de forma que "aporte más el que más tiene" hasta llegar al 90% del servicio. No obstante, las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención
SIMPLIFICACIÓN DE GRADOS
La reforma de la ley de dependencia aprobada por el Ejecutivo contempla la simplificación del sistema en tres grados de dependencia y prorroga a dos años el plazo para que las personas que aun no tengan reconocido el grado y no perciban prestación, reciban dicha cuantía. También se recoge el establecimiento de "una nueva regulación" en cuanto a la cotización de los nuevos cuidadores familiares a la Seguridad Social. Para ello, los ministerios de Sanidad y de Empleo y de la Seguridad Social acordarán un nuevo régimen acorde con las circunstancias de esta figura.
El decreto matiza que, no obstante, "los cuidadores que ya coticen no saldrán de la seguridad social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen". Pero en la práctica, según las asociaciones de dependientes, la nueva regulación supone que las cuidadoras familiares, mujeres en su mayoria, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Imserso y que les servía para completar los periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.
