Estimado Chema.
Me gustaría hacer una matización –importante– para entender mejor la dimensión política del asunto.
El juez no solicitó al Ministerio dicho informe, sino que lo hizo a la Agencia Tributaria. Si bien la Agencia depende del Ministerio, ésta sólo está sujeta a la ley –y no a las directrices del Ministerio– a la hora de realizar investigaciones fiscales. Por lo que el Ministerio no debe –ni puede legalmente– interferir en un proceso como este.
El escándalo político proviene precisamente de este punto. Según los metadatos del documento filtrado, éste no fue redactado por la Agencia Tributaria para explicar a la opinión pública la respuesta dada al juez, sino que fue redactado por un asesor del Ministro. Además, según también los metadatos, el documento fue redactado antes de que la Agencia Tributaria respondiese oficialmente al Juez. Lo cual ha sido utilizado como indicio de que el Ministerio intervino en el proceso de investigación de la Agencia –el cual debería haber sido totalmente independiente del Ministerio–. Ya que si la Agencia hubiese actuado independientemente, ningún miembro del Ministerio podría haber conocido el contenido de la respuesta antes que el propio juez.
Si bien es cierto que los metadatos pueden ser manipulados, cabe destacar que el Ministerio nunca ha negado la autenticidad del documento, ni tampoco ha negado que la información contenido en los metadatos fuese falsa.
