La iniciativa obliga a la cesión de viviendas vacías no sólo a grandes tenedores, como ocurría hasta ahora, sino a propietarios privados, en “ámbitos territoriales de demanda acreditada”, extremo que no se aclara.
El partido no indica cuánto tiempo tienen que haber estado desocupadas esas viviendas, con lo que sitúa a los propietarios en una enorme inseguridad jurídica.
Sí se habla en cambio de los plazos de cesión de esas propiedades, que pasarán a ser gestionadas por la administración pública y destinadas al parque público: 20 años en el caso de “grandes tenedores” y 10, en el de viviendas de titularidad privada.
