El Gobierno no encuentra una fórmula legal para impedir que Franco sea enterrado en la cripta de La Almudena —debajo de la catedral— donde su familia compró una zona de uso “a perpetuidad” para los miembros del clan. Allí yace su hija Carmen, fallecida en diciembre de 2017. Por eso el Ejecutivo intenta que la Iglesia le ayude a convencer a la familia de que lo entierren en un lugar más discreto,
como el cementerio de El Pardo, donde está su esposa.
Pero
la Iglesia, tanto en los sondeos informales del Gobierno como en público,
traslada que no puede impedir que Franco vaya al espacio en la cripta pagado por la familia. En este punto, y mientras fuentes del Ejecutivo confirman los sondeos con el Vaticano, la vicepresidenta Calvo ha cerrado para finales de octubre un encuentro en Roma con Parolin, secretario de Estado del Vaticano y hombre fuerte de la Curia. Allí se hablará de Franco, entre otros temas. Calvo no acude con la intención de pedir que no vaya a La Almudena, algo que en La Moncloa ven como muy complicado, sino para analizar el caso en general, explican.
La vicepresidenta tiene otros asuntos encima de la mesa incluso más relevantes para los obispos,
como la lista de las inmatriculaciones presuntamente fraudulentas que la Iglesia ha realizado con todo tipo de inmuebles, desdela Mezquita de Córdoba, que la Iglesia la puso a su nombre en 2006 por 30 euros gracias a una ley franquista, hasta casas parroquiales, viñedos, casas de maestro, fuentes, plazas públicas y hasta la cima de un monte, el de Oiz, en Bizkaia.
El Gobierno tiene ya preparado el listado y este es un asunto clave para la Iglesia, porque podría perder todos esos bienes si el Ejecutivo sigue adelante.