En octubre del pasado año, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, resolvió someter a información pública la creación de un fichero con datos de carácter personal de agentes de policía bajo la gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana. Tras los plazos correspondientes, el pasado febrero el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona anunció la creación de este registro que insta a obtener datos personales de los policías, como sus propiedades, historial académico y médico, suscripciones, ideología, creencias religiosas, vida sexual o si están sometidos a investigación penal o administrativa.
El sindicato CSIF considera que este fichero atenta "contra los derechos fundamentales que recoge la Constitución española" ya que no sólo se permite obtener datos sobre expedientes disciplinarios sino también datos personales más allá de nombre, domicilio y DNI. "Nos sorprende que el 21 de diciembre de 2016, fue cuando salió a exposición pública este expediente para poder formular alegaciones o sugerencias, y al parecer, según diversas fuentes consultadas nadie se enteró hasta haberse agotado los plazos para su aprobación", señala el sindicato que apunta a que puede ser gestionado por el Consistorio o por una empresa contratada específicamente para realizar el servicio, por lo que esta adjudicataria tendría esta información sensible.