En medio de la
reestructuración del Gobierno regional y en pleno agosto. Así es como el
PSOE y
Podemos han disimulado en
Castilla-La Mancha, tras los trámites de los
Presupuestos de 2017, una reforma en el proyecto de ley que regirá la gestión de la
Administración. En la práctica, esto supone que los que accedan a altos cargos del
Gobierno manchego consigan una mejor posición en la escala funcionarial. Precisamente ayer,
José García Molina e
Inmaculada Herranz, de Podemos, tomaron posesión de una vicepresidencia segunda y una consejería, respectivamente, del Ejecutivo castellano-manchego, presidido por el socialista
Emiliano García-Page.
Ello supone una mejora en las retribuciones una vez abandonen el cargo político y vuelvan a su anterior trabajo en la administración, pero también en sus futuras pensiones, además de permitir a estos funcionarios optar a cargos a los que no podrían aspirar sólo por su cualificación. La norma además tiene carácter retroactivo y a ella podrían acogerse todos los cargos que reingresen a su anterior ocupación, siempre que lo hayan hecho después de la creación de la autonomía, en 1983.
Es la política de siempre, si lees la noticia verás que esto lo hace García-Page para contentar al sector crítico que no ve bien el pacto con Podemos.
Vamos, es que ni a Australia, ni a Argentina, ni a Brasil, ni al Japón.
