La relación entre los gobiernos vasco y catalán también tiene su cruz. El
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prepara las alegaciones para defender ante
Competencia de la UE el acuerdo para
rebajar la tarifa eléctrica de las industrias vascas, sellado entre
el Gobierno y el PNV en mayo para los Presupuestos de 2017. Tras conocer este pacto, la Generalitat reclamó un beneficio similar para su industria. Y como no lo obtuvo, el
Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, denunció el 16 de septiembre este acuerdo al entender que suponía una ayuda de Estado y que dejaba en desventaja a la industria catalana.
“Ellos argumentan que por ley no se puede conceder una ayuda que beneficie a un colectivo particular en tanto que exista déficit en el sistema eléctrico”, explica una fuente de la Administración central.
“El Ministerio descarta que se trate de una ayuda y entiende que se intenta solucionar un problema que ha restado competitividad”, aseguran fuentes del Gobierno vasco. Fuentes del Ministerio explican que han iniciado ya los contactos con el departamento de Competencia de la Comisión. “La modificación afectaría a todas aquellas que empresas que cumplan con las condiciones establecidas. Se verían afectadas empresas en todo el territorio nacional y entre ellas también las del País Vasco”, defiende el Ministerio.