“El Parlament de Catalunya se reafirma (...) en su carácter plenamente soberano, rechazando las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial, de sus Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Como consecuencia, el Parlament de Catalunya afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales”
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El encarcelamiento de siete independentistas vinculados a los Comitès de Defensa de la República (CDR), ordenado por la Audiencia Nacional ha caldeado la sesión parlamentaria. Justo antes de conocerse la noticia, JxCat, ERC y la CUP han solicitado la retirada de Catalunya de los efectivos de la Guardia Civil. La propuesta de resolución presentada por los dos primeros grupos parlamentarios, argumenta que la Benemérita “se ha mostrado abiertamente como una policía de cariz político” y que está centrada “en perseguir determinados colectivos políticos y sociales, completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
Exige además que se paren la operaciones policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que las consideran “prospectivas” y “hacen un uso especulativo y arbitrario de los tipos penales asociados al terrorismo para reprimir el activismo social y político”.
