Lo mejor es que salen por la TV sorprendidos con los ojos lacrimógenos encharcados en sangre.
Lágrimas de cocodrilo...
Mandos policiales creen que los Mossos compraron a escondidas un sistema similar al 'Pegasus'
Mandos de la Policía Nacional sospechan que los Mossos d’Esquadra compraron a escondidas un sistema similar al ‘Pegasus’ -el programa con el que fue espiado el presidente del
Parlament,
Roger Torrent, a través de su teléfono móvil- en 2014, año en que el movimiento independentista dio un paso al frente con la consulta soberanista (9-N) por la que Artur Mas terminó siendo inhabilitado al desobedecer al Tribunal Constitucional.
El interés de la Policía de la Generalitat por incorporar este tipo de sistema ya quedó de manifiesto en los correos que mandos de los
Mossos se cruzaron con directivos de Hacking Team, una empresa italiana especializada en software de seguridad. No se ha demostrado hasta ahora que el Cuerpo autonómico llegara a disponer de la misma herramienta que adquirió el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El 26 de octubre de 2017, 25 días después del referéndum ilegal, la Policía Nacional interceptó diversa documentación cuando varios vehículos de los Mossos la trasladaban para su destrucción a una planta incineradora ubicada en Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Entre los papeles intervenidos se incluía más de una veintena de páginas relativas a Hacking Team.
El producto ‘estrella’ de la compañía italiana lleva por nombre ‘Galileo RCS’ (Sistema de Control Remoto en sus siglas en inglés), un
spyware a través del que se puede acceder a información que el titular del teléfono guarda en su terminal y activar micrófonos y cámaras sin levantar sospechas. Este tipo de sistema sólo se vende a gobiernos para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, caso del CNI. Ni el Cuerpo Nacional ni la Guardia Civil disponen de él, según han asegurado a este diario fuentes policiales.
La certeza plena de que numerosos organismos públicos de inteligencia de distintas partes del mundo habían comprado el software de Hacking Team se tuvo en julio de 2015, cuando la compañía transalpina fue
hackeada y quedaron al descubierto más de 400 gigas de información (facturas, correos electrónicos, datos fiscales…).
«Atacar e infectar» teléfonos y ordenadores
El Confidencial ya desveló el contenido de algunos
e-mails que directivos de la empresa italiana se habían cruzado con mandos de los Mossos, en los que aquéllos explicaban con todo detalle las prestaciones del sistema ‘Galileo’ y cómo funcionaba esta herramienta de espionaje a distancia. «El Sistema de Control Remoto está diseñado para atacar, infectar y controlar un gran número de objetivos de ordenadores y
smartphones de manera sigilosa», resumía un ejecutivo de cuentas de Hacking Team.
Mandos policiales creen que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra pudo llegar a comprar el sistema ‘Galileo’ de manera oculta y sin dejar rastro sobre el pago en torno a 2014, cuando el movimiento soberanista trataba de impulsar el proceso unilateral de independencia. Al frente de la Generalitat se encontraba entonces
Artur Mas, inhabilitado a 13 meses por desobedecer al Tribunal Constitucional al celebrarse la consulta del 9-N.
Hacía cinco años que el Ejecutivo catalán había creado el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), un organismo -en palabras del fiscal Javier Zaragoza- puesto en marcha por la Generalitat como pilar básico de un futuro «Estado independiente» y que a partir de 2012 actuó como un «CNI catalán». «En la práctica está ejecutando actividades más propias de un servicio de inteligencia que son competencia exclusiva del Estado», mantuvo Zaragoza en un decreto fechado en 2016, cuando ya se investigaban los preparativos para celebrar un referéndum de autodeterminación.
La polémica por el uso de software espía ha vuelto esta semana al primer plano de la actualidad, después de que una investigación conjunta de
El País y
The Guardian haya revelado que el móvil de Roger Torrent fue objetivo de un programa espía en 2019 a través de un fallo de seguridad de WhatsApp. Se trata del ‘Pegasus’, desarrollado por la compañía israelí NSO Group y que sólo se vende a gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.
Es por ello por lo que el presidente del
Parlament ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que investigue los hechos y depure responsabilidades. «Si el Gobierno tenía constancia de estos hechos sería complice; si no sería un síntoma preocupante de negligencia y desconocimiento de prácticas ilegales», ha expresado Torrent, que amaga con adoptar las acciones «políticas y legales que sean necesarias».
El departamento que dirige Grande-Marlaska se desvinculó este martes del posible espionaje a la segunda autoridad de Cataluña. «Ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca ninguna relación con la empresa NSO y, por lo tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios. Las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enmarcan siempre en el escrupuloso respeto a la legalidad», ha asegurado.
Carta a la ministra de Defensa
Este miércoles, el presidente del
Parlament ha enviado una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que le pide «encarecidamente» que tome medidas al apuntar «todos los indicios factuales y contextuales» al CNI. Después de haber estado adscritos a la Vicepresidencia del Gobierno en la etapa de Soraya Sáenz de Santamaría (PP), los servicios de Inteligencia volvieron a depender de Defensa tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
«El espionaje al que he sido sometido constituye una agresión intolerable contra los principios del Estado de Derecho. Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, así como el de todas las personas con las que pude comunicarme o con las que simplemente coincidí durante el tiempo en que fui espiado. También se han quebrado los derechos al secreto de las comunicaciones y a poder desarrollar un proyecto político sin intromisiones ilegítimas», expone en su misiva Torrent, que considera «imprescindible» la apertura de una investigación para que se depuren las «responsabilidades correspondientes».
