No hay opción: Pacto de Estado o hundimiento.
En las últimas dos semanas se han producido dos acontecimientos extremadamente negativos para nuestra recuperación que hacen que nos encontremos en el peor escenario posible.
Por un lado, dependemos el doble que el resto de Europa de las energías importadas, cuyo precio está actualmente por las nubes. Por otro lado, somos el país más endeudado de Europa y se doblan los futuros sobre los tipos de interés, hechos que se unen al incumplimiento flagrante de Zapatero de su compromiso con la Sra. Merkel de controlar el déficit. En lugar de hacerlo, ha dado barra libre a Cataluña y a casi todas las demás autonomías y ayuntamientos (que es justo donde está el verdadero problema de nuestra economía), al crecimiento imparable del paro y al hundimiento de la renta disponible de las familias.
Zapatero ha vuelto a su verdadero yo: ser líder de la mentira, la improvisación y la chapuza.
El gobierno ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste, mientras que la ‘alternativa’ no presenta ‘alternativa’ alguna que se tenga en pie. Peor aún:
la última ocurrencia de Mariano Rajoy, según la cual, las autonomías, causa principal de nuestra ruina, van a ser el motor de salida de la crisis, mueve a la carcajada o a la indignación, según el enfoque y el humor de cada uno. Y todo ello en vísperas de la crucial reunión del Eurogrupo donde va decidirse si España y Portugal van a ser o no salvadas, y antes aún, cuando el próximo día 15 la agencia Moody´s tomará la decisión sobre si rebaja o no el rating de la deuda española. Pero lo peor es que todos y cada uno de los hechos mencionados suponen un golpe letal para la economía de las familias, más de la mitad de las cuales ya no pueden llegar a fin de mes. ¿Hasta cuándo creen nuestros políticos que van a aguantar la ciudadanía antes de que se produzca una revuelta social?
Por ello, y aunque ni uno ni otro de los dos grandes partidos están por la labor,
ya que su prioridad única y absoluta es el poder, se hace imprescindible un pacto de Estado similar al intentado y no conseguido en los Pactos de la Moncloa, pues, en contra de la creencia habitual, más allá del acuerdo de política monetaria restrictiva y de una política de rentas, el resto –esto es, lo referente a las imprescindibles reformas estructurales, destinadas a desmantelar las estructuras monopolistas y la modernización el país- fue un fracaso total, tanto que su “alma mater”, el profesor Fuentes Quintana, dimitiría pocos meses después. Ahora se trataría de lograr lo que entonces no se consiguió y dentro de ellos, lo esencial es un cambio en el modelo de Estado y una Política Energética.
Lo he dicho muchas veces y cualquiera que tenga los ojos abiertos puede comprobarlo cada día:
el actual modelo autonómico y local, responsable de los dos tercios del gasto público, frente a menos de un tercio en los Estados federales, absolutamente despilfarrador, irresponsable y corrupto, es el principal problema de España, tanto en lo político como en lo económico. Centrándonos en lo segundo, o España acaba con el sistema autonómico o el sistema autonómico acaba con España. Para reconducir la situación, bastaría con que los dos partidos mayoritarios se pusieran de acuerdo para cambiar el modelo de Estado y la Ley Electoral, que son las dos caras de una misma moneda. No se necesita a los nacionalistas, que estarían radicalmente en contra, y menos a los agentes llamados sociales que no representan a nada ni a nadie.
La salida de la crisis es imposible con 3,2 millones de funcionarios, un 45% de los cuales han sido nombrados a dedo por los partidos, algo insólito en el mundo civilizado. España tenía 650.000 funcionarios en 1975 y, aunque se hayan incrementado las prestaciones, los medios informáticos hayan multiplicado por cien sus capacidades y en otros países el número de funcionarios haya disminuido desde entonces, aquí se ha multiplicado por cinco. Se trata de un dislate que no ha ocurrido en ninguna nación del planeta. Si PSOE y PP creen esto es compatible con la recuperación económica, o no saben lo que dicen o están mintiendo deliberadamente.
Afirmar como hace el posible ministro de Economía del PP que “nuestras Administraciones públicas son capaces y sostenibles”, es un disparate oceánico. Decir que la “situación económica se le puede dar la vuelta como a un calcetín”, una memez sin la menor base real.
El PP alardea diciendo que nos sacaron de la crisis del 96 y pueden hacerlo de nuevo. Eso es solo un eslogan. La situación hoy es infinitamente más grave, el despilfarro autonómico y local más del doble. Además, ya no pueden cuadrar las cuentas vendiendo las joyas de la corona, que fue todo el secreto de la recuperación. Pero no son solo los funcionarios. Es el despilfarro absoluto en temas de lo más absurdo o en proyectos faraónicos. Esto es, el descontrol y la corrupción al por mayor. Dice el Sr. Arenas que la corrupción en Andalucía es consecuencia de 30 años de poder. Se equivoca. La corrupción en Andalucía es consecuencia del estado autonómico.
Ni los PER, ni la colocación de cientos de miles de paniaguados, ni el fraude de loe EREs, ni nada de nada, hubieran sido posible con un gobierno centralizado.
Pero no solo es el sistema autonómico. Los 8.340 ayuntamientos, cada uno con su alcalde, su jefe de la oposición, sus concejales y sus funcionarios, son otro disparate, cuya única razón es el despilfarro y el dar trabajo a políticos, familiares y amigos. En conjunto, un despilfarro puro y duro de 100.000 millones de euros año. Mientras esto no se corte de raíz, España jamás superará la crisis
Un Plan Energético Nacional.
Dentro de las reformas estructurales esenciales,
adquiere una particular relevancia la elaboración y puesta en marcha de un Plan Energético nacional. La desastrosa situación actual -que nos ha llevado a una dependencia exterior doble de la media europea, a una intensidad energética un 20% superior, a las mayores subvenciones del planeta a las energías renovables, y a una ausencia total de competencia efectiva debido a la estructura oligopolista en todos los subsectores- es un lastre inaceptable para nuestra competitividad y nuestro crecimiento futuro. Un Plan Energético que debe tener como objetivo el revertir ésta situación, algo que necesitará no menos de diez años para completarse, aunque sus efectos podrían empezar a notarse de inmediato, como por ejemplo con la implantación de medidas antimonopolio efectivas.
En la producción, las acciones a tomar son claras e inequívocas: basar toda la nueva producción eléctrica en las energías más baratas del mercado (nuclear y carbón importado), y declarar una moratoria indefinida de las energías renovables, excepto aquella eólica –que ya existe- que pueda funcionar sin prima alguna. Respecto a
la nuclear, los nuevos modelos de centrales producen electricidad a unos 35 euros/Mwh, la mitad de precio que la de los ciclos combinados de gas con el crudo a 100 dólares, y 14 veces menos que la energía fotovoltaica. El tamaño unitario a construir debería ser de 1.000Mw, algo perfectamente conocido de nuestra industria eléctrica, que tiene seis centrales de ese tamaño funcionando a la perfección desde hace décadas, y cuyo costo oscilaría entre 3.000 y 3.500 millones de euros, un 80 % de los cuales podría ser nacional. De hecho, en las centrales actuales el porcentaje nacional fue del 90%, pero la pérdida de capacidades de nuestra industria auxiliar y la mayor complejidad de las nuevas tecnologías hacen difícil repetir esa cifra.
El empleo creado sería seis veces superior al de las renovables y además sería de alta calificación, al contrario que las renovables, que es de baja o muy baja. El tiempo de construcción sería de ocho años, al que hay que sumar dos de tramitación, algo que sería reducible si se utilizan los emplazamientos ya estudiados de las centrales actuales y las cerradas en la moratoria.
Por lo que se refiere al carbón, la energía estrella en EEUU y China para producir electricidad, las nuevas tecnologías supercríticas alcanzan rendimientos del 45 al 50%, casi al nivel de los ciclos combinados, y su contaminación es muy reducida. La inversión oscilaría entre 1.500 y 2.000 millones de euros por 1.000Mw, el tiempo de construcción serían 5/6 años y el coste de generación de 45 euros el Mwh.
Finalmente, y por razones de espacio, solo puedo enumerar las medidas del lado de la utilización. Las más importantes son un giro de ciento ochenta grados en la política ferroviaria, con una moratoria indefinida de los AVEs, un lujo asiático y una ruina en lo económico incluso con una ocupación cercana al 100%, y dedicar toda la inversión a la mejora del transporte de mercancías que consume 8 veces menos energía que la carretera por t/km, su velocidad media actual es de 15 km/hora. Mejora de todas la líneas de distribución donde las pérdidas son brutales por culpa de la CCAA que impiden su renovación. Contadores inteligentes que muestren al usuario lo que consume y lo que le cuesta en cada momento, lo que le permitiría utilizar mejor las horas valle y disminuir la punta, que es lo que más cuesta de producir.
Esto es lo mínimo a pactar y la alternativa es clara: o se hace o España jamás saldrá de la crisis, al menos hasta que una revuelta social, que si esto no mejora se producirá, acabe de una vez con esta dictadura partitocrática infumable y el modelo de Estado en que se sustenta su clientelismo, su despilfarro y su corrupción, algo que ni España ni nadie puede permitirse ni financiar.
