El catedrático de Economía, Roberto Centento, ha pedido esta semana el “procesamiento” y “cárcel” para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y sus 13 consejeros, muchos de ellos ex-políticos, por autoasignarse un sueldo 30 veces mayor que sus homólogos en Japón y 5 veces más alto que en Alemania. Para ello, los citados directivos han tomado parte en la subida de un 323% en la tarifa de la luz con el apoyo de diferentes Gobiernos, lo cual ha llevado a la ruina a numerosas pequeñas y medianas empresas españolas y a la pobreza a millones de familias.
“Esto es simplemente de cárcel: los responsables de esta iniquidad contraria a los intereses más elementales de España y de los españoles deben ser destituidos y procesados”, ha escrito Centeno. Su análisis es concluyente: “El beneficio de las empresas en el mismo periodo ha sido de 42.000 millones y las remuneraciones de los directivos son las más altas del mundo occidental, a pesar de que los accionistas han perdido hasta la camisa”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, “es el mejor pagado del mundo occidental y oriental, gana cinco veces más que, por ejemplo, el de la gran eléctrica alemana E.On; y ¿saben cuánto gana el presidente de la tercera eléctrica japonesa (mucho mayor que Iberdrola)?: 250.000 euros. Sí, han leído bien ¡30 veces menos!”.
El abuso es descrito en estos términos por este catedrático especializado en la industria energética: “Los consejeros, lo mismo, casi un millón de euros anuales por dos horas de presencia (que no de trabajo) al mes los no ejecutivos, y lo que es un escándalo que no sería tolerado en ningún otro país: son los grandes políticos que presuntamente favorecieron a las compañías. Felipe González en Gas Natural; Pedro Solbes en Enel, a quien entregó la mayor eléctrica de España; Elena Salgado en una filial de Endesa y Aznar, que es asesor (de esta compañia) por sus conocimientos del sector eléctrico mundialmente reconocidos y de gestión, como demostraría metiéndonos en el euro sin molestarse en hacer ni el más mísero análisis sobre tan trascendental decisión”.
Aunque ningún partido político de los 10 que componen el Congreso de los Diputados ha pedido nunca este procesamiento, son numerosas las voces que desde la sociedad civil reclaman penas de cárcel y esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción para esos consejeros y directivos que, junto a Ignacio Sánchez Galán, han tomado las decisiones. Sus nombres son conocidos en el ambiente político-financiero madrileño: son el banquero valenciano de 70 años Julio de Miguel (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, de Banco de Valencia y Banco de Murcia), el banquero salmantino de 72 años Sebastián Battaner (Caja Duero), el banquero vasco de 67 años y ex presidente de Iberia, Xabier de Irala (Kutxabank), el “delfín” de la familia Oriol, ya con 50 años, Iñigo Víctor de Oriol Ibarra y la profesora vasca pero con residencia en Barcelona, Inés Macho Stadler.
Por último, el banquero socialista andaluz Braulio Medel (Unicaja), la consultora escocesa Samantha Barber, la heredera del multimillonario burgalés José Antolín Toledano (Grupo Antolín), María Helena Antolín, familia que se hizo rica con los recambios de automóviles, el abogado gallego Santiago Martínez Lage, el ingeniero vasco cercano al PNV, José Luis San Pedro Guerenabarrena, el ex dirigente del PP, Ángel Acebes, el joven banquero madrileño Manuel Lagares Gómez-Abascal (BFA) y la política y banquera mexicana Georgina Kessel Martínez.
Los directivos de Iberdrola que han tomado la decisión de la meteórica subida de la luz a costa del contribuyente y para los que se solicita también el procesamiento son José Luis San Pedro, consejero y director general, Julián Martínez-Simancas, secretario general del consejo, José Sáinz Armada, director económico-financiero, el ex político del PP, Fernando Becker, director de recursos corporativos, Juan Carlos Rebollo, director de administración y control, Javier Villalba, director del negocio de redes del grupo, Francisco Martínez Córcoles, director del negocio liberalizado del grupo y Xabier Viteri, director de energías renovables.
“Hay que ser muy canalla o estar literalmente vendido a la mafia financiera y oligopolista. Las brutales subidas que se derivan del real decreto son una salvajada desconocida no sólo en Europa, sino en toda nuestra historia industrial” denuncia Centeno. El ministro canario José Manuel Soria, “amigo de Rajoy, no sólo es un irresponsable, sino que es también un analfabeto en los temas de su competencia”. Según los datos facilitados por un empresario austriaco con industrias en Munich, Hungría y Polonia, la energía eléctrica que paga por su casa en Valencia es el doble de cara que en Viena por kwh consumido y la más cara de Europa. “Este expolio sistemático a la sociedad española por parte de un sistema político oligárquico y corrupto, con una sólida red de intereses compartidos con las élites financieras y oligopolistas, hace inviable la salida de la crisis”, afirma Centeno, que concluye:
“Mentiras, errores de bulto, rectificaciones y todo tipo de disparates, un relato clarificador de que estamos en manos de ineptos y ladrones. En cualquier otro país esto habría llevado a su procesamiento, algo que la Fiscalía Anticorrupción tendría muy fácil”.
¿Por qué ningún partido político del Congreso de los Diputados pide procesar a la cúpula de Iberdrola y de las empresas energéticas que han subido exageradamente los suministros?
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