La Sección Segunda de la Audiencia de Palma de Mallorca ha suspendido, por dos votos contra uno, la imputación a la infanta Cristina por cooperación necesaria en el caso Nóos, tras los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las defensas particulares de varios acusados. Más allá de la discusión sobre la solidez jurídica que pueda tener o no el auto judicial -que no cierra la puerta a la investigación de posibles delitos fiscales-,
hay un asunto muy trascendental, de alcance político, que plantea el magistrado Juan Jiménez en su voto particular: ¿Es la justicia igual para todos en España?
El voto particular contiene este párrafo que merece ser leído con detenimiento, teniendo en cuenta que la Fiscalía, en su recurso contra la imputación, había invocado la igualdad de los ciudadanos ante la ley para exigir que Cristina fuera tratada en los tribunales con las mismas garantías que se ofrecen a los demás españoles:
Dado que el recurso comienza invocando el principio de igualdad, parecería lógico conocer el número de recursos contra citaciones para prestar declaración en calidad de imputado que ha formulado en los últimos años el Ministerio Público. Ello contribuiría a descartar que un recurso como el presente es insólito y facilitaría la comprensión de la referencia al principio de igualdad que se realiza.
El magistrado pone el dedo sobre la llaga en lo que respecta al papel activo de la Fiscalía en este caso. A su juicio, el Ministerio Público se ha saltado los momentos procesales que fija la ley al presentar su recurso, con lo que el juez instructor “pierde el control de la investigación y esta se dificulta en extremo”.
Pero no ha sido sólo la Fiscalía. Desde el momento en que se conoció la imputación de la Infanta el 4 de abril pasado, se desató una ofensiva para librarla de esa condición. Ese mismo día, la Casa del Rey, en unas declaraciones inusitadas para una instiutución que debe mantener una neutralidad exquisita, expresó su “sopresa” por el “cambio de posición” del juez Castro y manifestó además su “absoluta conformidad” con la decisión anunciada por la Fiscalía Anticorrupción de recurrir este auto, “en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad”. A continuación, también salió en defensa de la Infanta la Abogacía del Estado, con un recurso en el que subrayaba que “no existe ningún indicio contra Cristina de Borbón” en relación con sus obligaciones con Hacienda. Incluso se movilizó el notario que formalizó la compra de la mansión de Pedralbes por parte de Iñaki Urdangarín y Cristina, quien dijo que a la infanta “se le venía cara de duda” durante el acto de firma.
En fin, sería conveniente que la pregunta del magistrado discrepante tuviera respuesta: ¿cuántas veces ha actuado la Fiscalía en los últimos años como lo ha hecho en el caso de la Infanta?