Respuesta: Sobre la SGAE y el P2P
Webmaster que ganó en vía penal y civil, primer denunciado ante la Comisión Sinde
Por David Bravo
07/03/2012
Para poder entender hasta qué punto la historia que les voy a contar es la de la absoluta ruptura de las normas del juego, deben conocer antes una cuestión esencial: lo que era legal antes de la entrada en vigor de la conocida como Ley Sinde-Wert lo sigue siendo ahora. La Ley de Propiedad Intelectual sigue siendo la misma y solo se ha cambiado al órgano que la interpreta en los procedimientos administrativos creados para cerrar determinadas webs. El penalti sigue siendo la falta dentro del área, lo único que cambia es el árbitro encargado de pitarlo.
Dicho eso, déjenme contarles la historia del único webmaster de una página de enlaces en España que ha sido sentado en el banquillo ante los tribunales penal y civiles.
En el año 2007 se inició un procedimiento penal contra Juan José, estudiante y administrador de webs como elitemula, elitetorrent o etmusica. Nada más personarnos en las actuaciones, solicitamos en defensa del imputado el archivo de estas actuaciones. El código penal exige la concurrencia de un acto de comunicación pública no autorizada de una obra intelectual y ánimo de lucro. En este caso, como en tantos otros resueltos anteriormente, considerábamos que en las webs objeto del procedimiento no se realizaban actos de comunicación pública, por no alojar contenido alguno más allá de meros enlaces, por lo que la actividad denunciada no es delictiva al no concurrir uno de los dos elementos exigidos. Varios meses después el juzgado aceptaría nuestra petición y archivaría las actuaciones.
Con el procedimiento penal todavía abierto, SGAE, una de las entidades que formaban la acusación particular, inicia también acciones en vía civil contra Juan José, solicitando en su demanda que se cierren dos de sus webs y que se entregue el disco duro del ordenador desde el que las administraba, todo ello inaudita parte, esto es, sin audiencia nuestra. El Juzgado Mercantil de Huelva acepta ambas peticiones de SGAE y ordena, sin oír al demandado, tanto el cierre de las webs como la entrega del disco duro solicitado por la demandante. Entendía el juzgado que concurrían razones que justificaban adoptar la medida solicitada de forma inmediata y sin audiencia de la parte demandada en atención a que "existen indicios racionales de una infracción de propiedad intelectual y a que se viene a proteger de manera anticipada los derechos infringidos".
La forma de proceder a la entrega del disco duro, también acordada, fue muy comentada en la prensa por cómo se practicó. Pese a que la resolución judicial solo decía que Juan José debía hacer entrega de un determinado material, lo que sucedió en la práctica es que una mañana que no estaban sus padres en casa, se personaron en su domicilio cinco personas que decían venir del juzgado y entre las que se encontraban la procuradora de la propia SGAE y su perito informático.
Aquella mañana Juan José me llamó y, como me dijo que había varias personas en su casa, le pedí que me leyera la supuesta orden que autorizaba a todo aquello. Comprobé que el Auto no contenía autorización alguna para entrar en una vivienda ni tampoco para requisar los discos duros que se hallasen en la misma así que, tras discutir largo y tendido con quien se me presentó como procuradora de SGAE, le aconsejé que echara a todas esas personas de su casa.
Juan José me confirmó posteriormente que expulsó a esas cinco personas de su domicilio, lo que hicieron tras levantar acta firmada por todos ellos en la que se reconoce expresamente que la medida de aseguramiento de prueba practicada se realizó en el domicilio del demandado, que en aquél lugar existían seis discos duros, que estos habían sido "identificados" por el perito de SGAE y que el demandado se había negado a entregarlos a excepción de uno de ellos pese a que tal perito había podido comprobar que desde los restantes también se podía acceder a las páginas webs objeto del procedimiento.
Tras este trago para Juan José, presentamos en el procedimiento civil nuestra oposición tanto al cierre cautelar ya adoptado por el juzgado como a la medida acordada de entrega del disco duro. Considerábamos respecto de lo primero que la web no infringía derechos de propiedad intelectual por no realizar actos de comunicación pública y, respecto de lo segundo, que la medida acordada era inútil. Tras celebrarse las correspondientes vistas y oír lo que teníamos que decir respecto de las decisiones ya adoptadas sin nuestra audiencia, el juzgado cambia su propio criterio y ordena la devolución del disco duro a Juan José sin inspeccionarlo y no sólo resuelve la reapertura de sus webs, sino que multa a SGAE por haber solicitado su cierre con mala fe. Finalmente SGAE retira su demanda, siendo ella, paradójicamente, la única que terminó siendo sancionada en el procedimiento que ella misma inició.
El 22 de noviembre de 2009 hacemos públicas estas resoluciones y solo cinco días después se da la noticia: en el futuro, si se aprobaba la hoy conocida como Ley Sinde, ya no serían los jueces que dieron la razón a Juan José los que se encargarán de decidir si su web se cierra y si lo que él hace es o no una infracción de derechos, ahora se encargaría un órgano adscrito al Ministerio de Cultura, que aplaudió y apoyó las detenciones de webmasters como él.
Tras una larguísima pena de banquillo, los jueces expertos en la cuestión debatida, han concluido que Juan José no cometió falta alguna, ni dentro ni fuera del área. Pese a todo, Juan José ha sido ahora también denunciado ante la Comisión Sinde-Wert y parece cuestión de tiempo que se pite ahora lo contrario ante idénticos hechos y con idénticas normas del juego. Mientras tanto, músicos y actores que aseguran ser progresistas porque pese a ser millonarios todavía llevan chupas de cuero, aplauden una ley que erosiona pilares elementales de un Estado de Derecho. Que el ejecutivo absorba competencias al judicial porque al parecer sus resoluciones no les gustan les parece a algunos digno de aplauso si la estratagema se realiza para darles la razón. Sin embargo la espita está abierta y en el futuro este burdo atajo que aparta a los jueces puede afectar a los que hoy se sienten beneficiados. ¿Con qué legitimidad moral protestarán entonces por los efectos de la brecha que ellos abrieron? ¿Cómo denunciarán con el dedo las consecuencias de sus propios actos? La ruptura de las normas del juego, cuando queda impune y se permite y aplaude de esta manera, es adictiva.
Lo celebráis, pero recordad que hoy es Juan José. Mañana, vosotros.
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