El objetivo de la investigación es saber si todo ese dinero en metálico salió del robo continuado en la catedral o si una parte de él procedía de alguna venta de piezas de valor sustraídas del templo*. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el juez Vázquez Taín deberá todavía concretar si acusa al presunto ladrón de hurto o robo con fuerza, tal y como consta en el escrito del ministerio público.
Según ha podido saber EL PAÍS, el instructor antes de formalizar la imputación planea reconstruir el robo en la catedral con una prueba pericial para conocer el origen de determinados billetes. Y sobre todo
determinar cómo se produjo la presunta sustracción del dinero, en qué cantidades y durante cuanto tiempo**. Se trata de cotejar hasta donde recogió con fidelidad el antiguo operario del templo todas sus actividades en el diario que estos días sirve como guía a los investigadores.
Fuentes de la investigación sostienen que
la desaparición de esa joya medieval del siglo XII es la menor de las complicaciones judiciales que tiene el hombre al que señalan todas las pruebas en este caso. Mientras el robo del Códice se pena con hasta tres años de cárcel, el resto de delitos podrían sumar castigos de varios años más.