El Ministerio del Interior planea limitar el derecho de comunicación mediante un registro de "informadores gráficos y audiovisuales autorizados"
El registro de informadores gráficos y audiovisuales con "autorización para cubrir manifestaciones" se desechó en el año 1982, cuando se canceló aquel que había sido creado en 1939 (del cual el dictador Francisco Franco poseía el carné número uno), ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Una lista de esta naturaleza podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución.
Tras la detención de los fotógrafos de prensa Raúl Capín y Adolfo Luján (freelance) el pasado 22 de mayo a la salida de su casa con la falsa acusación de "agredir a varios agentes en manifestaciones", el gobierno Rajoy quiere estrechar el cerco contra los testigos gráficos de los frecuentes abusos policiales observados en las numerosas manifestaciones que tienen lugar todos los días en varias ciudades.
Según la redacción de Más Voces,
el Ministerio del Interior español planea elaborar una lista de informadores gráficos y audiovisuales (fotógrafos y cámaras, principalmente) en la cual estén registrados sus datos personales, de forma que sólo aquellos profesionales que estén acreditados en dicha lista podrán obtener el chaleco blanco de prensa.
Aquellas personas que acudan a cubrir informaciones en eventos tales como manifestaciones y protestas y no lleven puesto el chaleco no podrán acceder a la grabación o toma de imágenes y podrán ser interpelados por las fuerzas de seguridad.
Según las fuentes que maneja Más Voces, la mesa de valoración que está tratando este asunto, y que previsiblemente se va a reunir esta misma semana, está compuesta por diferentes comisarios entre los que se encuentra el coordinador de policías autonómicas, lo cual puede suponer que esta lista también sea registrada no sólo en Madrid, sino también en lugares como Catalunya o Euskadi.
Esta preocupante información para el derecho a la comunicación y la democracia llega en un contexto en el que varios medios de comunicación convencionales como los periódicos ABC, La Razón y El Mundo han denunciado que, según sus versiones, "falsos fotógrafos se infiltran en las manifestaciones para enfrentarse a la policía", cuando en realidad se trataba de fotoperiodistas freelance o informadores de medios alternativos y ciudadanos sin ninguna connivencia con los poderes políticos ni económicos, tales como Raúl Capín o Alfonso Luján, que fueron detenidos recientemente cuando ejercían su profesión de fotógrafos.
La instauración de un registro de periodistas no se había producido en el Estado español desde que en el año 1982 se canceló aquel que había sido creado en 1939 (del cual el dictador Francisco Franco poseía el carné número uno) y ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.
Dicho registro de la Dictadura franquista estaba integrado en el Servicio Nacional de Prensa y para formar parte de él los periodistas eran investigados previamente en sus antecedentes, así como en sus situaciones profesionales y personales. La inscripción en aquel registro era imprescindible para poder ejercer la profesión en aquellos años.
Pues bien, eso es lo que ahora pretende rescatar el Gobierno del Partido Popular y que según analistas consultados por Más Voces entraría en conflicto con la democracia y con el Artículo 20 de la Constitución donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
Y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, el Artículo 20 señala que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Y el hecho de señalar quién puede y quién no informar por ejemplo en una manifestación o protesta ciudadana es, precisamente, un ejercicio de censura previa por parte del Gobierno.
Pero analicemos la información. Intentemos profundizar sobre qué le preocupa al Gobierno y por qué estudia hacer un registro controlado por el poder político para determinar quién pude y quién no ejercer el derecho a comunicar información.
En el Estado español, en tiempo de crisis y con recortes que echan por tierra derechos conseguidos por la ciudadanía durante décadas, las protestas ciudadanas están demostrando que la sociedad civil es capaz de organizarse, de protestar y de hacer propuestas.
Sin embargo, las acciones de la población indignada no tienen el eco que deberían en los medios de comunicación corporativos y públicos. Y es ahí donde aparecen los medios ciudadanos que están reflejando con constancia y veracidad la realidad de lo que está pasando.
Pero es que además, cuando la sociedad civil se organiza el poder político tiende a criminalizar la protesta. Y ya conocemos múltiples casos en los que las manifestaciones están siendo represaliadas brutalmente y con total impunidad con el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
No hace falta recordar las imágenes y vídeos reproducidos en todo el mundo de policías golpeando a manifestantes y a los partidos políticos de la oposición criticar la violencia policial.
Y en ese contexto se desarrolla el periodismo ciudadano, comunitario, independiente, que no es nada nuevo, lo que es novedoso es la apropiación de la tecnología que hace ir más allá de lo que se venía haciendo, y que permite cubrir lo que otros medios silencian y visibiliza las agresiones que antes nadie podía demostrar.
Ahora cuando la policía actúa desproporcionadamente queda grabado por teléfonos móviles, tablets o cámaras en manos de la gente.
Pensamos que precisamente eso es lo que le preocupa al Gobierno, por un lado que haya personas que tengan la capacidad de retransmitir para el mundo, y en tiempo real cualquier tipo de abuso por parte de las autoridades. Y por otro lado, en las manifestaciones se producen detenciones.
Las personas detenidas están usando las imágenes y vídeos que demuestran su inocencia y por eso se están resolviendo con absoluciones judiciales estas detenciones, poniendo en clara evidencia a la actuación policial y de los mandos políticos que les mandan.
A las retransmisiones conjuntas de radios comunitarias, ahora se suma la novedad de la retransmisión en directo y en vídeo a través de teléfonos móviles y tablets, que son emitidas y replicadas por multitud de paginas web y portales informativos independientes.
Susana Sanz es activista del Movimiento 15-M, y sus retransmisiones en directo a través de la plataforma Bambuser, están siendo replicadas y seguidas por miles de personas.
Es el nacimiento de una nueva era, la era del periodismo ciudadano de alta tecnología, en tiempo real, que ya es conocido por el poder político y los mandos policiales.
Con lo cual, se torna en una herramienta fundamental para que la verdad nunca sea silenciada por los poderosos.
El Ministerio del Interior planea limitar el derecho de comunicación mediante un registro de "informadores gráficos y audiovisuales autorizados"
