El PP ha rechazado este martes la posibilidad de ampliar el plazo de transición para concluir las renovaciones de convenios denunciados que, en virtud de la reforma laboral, finaliza el próximo 7 de julio, De esta forma, 2,1 millones de trabajadores quedarán sin protección al desaparecer sus convenios colectivos, bloqueados pertinazmente por la patronal que, evidentemente, no tenía ningún interés en su renegociación.
El pasado 23 de mayo, los agentes sociales acordaron ampliar el plazo transitorio para suprimir la conocida como ‘ultraactividad’ de los convenios que prorrogaba automáticamente su vigencia hasta el cierre de una nueva negociación sobre le mismo. Ni por esas. El PP, en el Pleno del Congreso, ha rechazado tomar en cuenta este acuerdo y seh a negado a apoyar la propuesta, presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y que pasa por recoger en la normativa laboral el citado acuerdo.
La intención del PP es clara: evitar lo que denominan “petrificación” de los convenios. De esta forma, o los angetes sociales alcanzan rápidos acuerdos sobre convenios o estos desparecen y se aplica al sector o empresa la legislación básica general: el Estatuto de los Trabajadores. Evidentemente, este nuevo recorte de derechos sociales contenido en la reforma laboral del PP lo uqe ha provocado ha sido la “petrificación” de las negociaciones. Los empresarios, para librarse de un convenio, aunque sólo sea ligeramente más protector o ventajoso que la legislación laboral elemental, lo único que tienen que hacer, y que han hecho, ha sido dejar correr el tiempo.
Desprotección y dumping social
Esta situación ha sido denunciada por prácticamente toda la oposición, con el portavoz de IU-ICV en la materia, Joan Coscubiela, a la cabeza, como defensor de la propuesta. El diputado de la Izquierda Plral ha acusado a la reforma laboral de "legalizar" el "chantaje negociador" de los empresarios al "atar las manos" a los representantes de los trabajadores. "Han roto el espacio de solidaridad de los convenios sectoriales, propiciando así estrategias de ´dumping´ laboral y social en las empresas más precarizadoras", ha añadido.
Tras recordar que más de 2,1 millones de trabajadores podrían quedar desamparados si decaen los 1.408 convenios actualmente en negociación, el diputado catalán ha alertado de que el resultado de la medida será "la ley de la selva" porque la patronal podrá aplicar "la estrategia del bloqueo de la negociación sabiendo que, si la llevan al límite, podrán someter a los trabajadores al salario mínimo".
"Han devuelto la legislación del trabajo al siglo XIX. En este momento da más garantías un contrato civil protegido por el Código civil que un convenio colectivo", ha añadido, justificando su propuesta en que el acuerdo de los agentes sociales "no tiene eficacia general" por lo que es necesario "ganar tiempo para reformar la reforma". "La negociación colectiva no puede momificarse, pero tampoco puede acabar en el vacío", ha concluido.
La portavoz de Empleo socialista, Concha Gutiérrez, ve necesaria esta proposición ante los "problemas" creados por la reforma laboral, que ha generado un "vacío de derechos" para los trabajadores y una "gran inseguridad personal y jurídica". Además, ha recordado a los ´populares´ que los propios agentes sociales, al firmar un acuerdo en este sentido, han "firmado una enmienda de totalidad a la reforma laboral" y han dado "una lección a sus ideólogos por su desconocimiento profundo del funcionamiento de la economía real".
"A las empresas les interesa la fortaleza de la negociación colectiva y el acuerdo, entre otras cosas porque evita la competencia desleal", ha dicho, presentando además una enmienda de adición para instar al Gobierno a que, junto a lo pedido por IU-ICV, "dé eficacia general" al acuerdo de sindicatos y patronal. "Hoy lo urgente es reparar el gran agujero creado en la negociación colectiva por la reforma laboral", ha zanjado.
El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, ha comenzado afirmando que la reforma laboral "vulnera profundamente el principio esencial del derecho a la libertad sindical consagrado en la Constitución" al permitir y favorecer los "descuelgues en cascada y a peor" de los salarios y del resto de condiciones laborales. "Y por si fuera poco, nos encontramos con el fin de la ultraactividad", ha dicho, advirtiendo que podría provocar que todos los trabajadores afectados se vieran sometidos al Salario Mínimo desde el día 8.
Joan Tardá (ERC) ha calificado de "terrorismo laboral" la reforma del Ejecutivo ´popular´, y ha avisado que el fin del periodo transitorio es "la gran oportunidad de los empresarios más irresponsables" que pretenden mantener sus beneficios mediante una "bajada de los costes de los trabajadores y no buscando el incremento de la productividad". Por ello, apoyarán todas las iniciativas que pretendan, "al menos", recuperar el marco normativo anterior a la reforma.
Olaia Fernández Davila, del BNG, también apoya la propuesta y cree que el acuerdo de los agentes sociales "deja en evidencia uno de los grandes errores de la reforma laboral". "Si hay posibilidad de llegar a acuerdos mediante la negociación no debe ser obligatorio ir a un laudo", ha añadido.
El PP deja indefensos a ms de 2 millones de trabajadores cuyos convenios se evaporarn el 8 de julio