El expresidente madrileño Ignacio González fue alertado de su detención hace dos meses. Según informan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del caso, el aviso le llegó por medio de un alto cargo del actual Gobierno, una persona conocedora de las pesquisas que ya ultimaba la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil tras dos años de investigación. Este miércoles, los agentes de la UCO del Instituto Armado acudían a su domicilio en el marco de la denominada Operación Lezo en la que ha sido arrestado junto a otras once personas más.
La tesis de este chivatazo y la alta responsabilidad del culpable se sustentan, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, por el contenido de las intervenciones telefónicas a las que ha sido sometido González. Después de esta filtración, González cambió de forma notoria su actitud y extremó las cautelas, especialmente en sus comunicaciones. Incluso llegó a pernoctar fuera de casa en los días próximos a su detención. Los investigadores sospechan además que González y su entorno contactaron con miembros de la Policía Nacional para conocer información confidencial sobre sus investigaciones, preguntaron con jueces de su confianza y fueron también alertados sobre el pinchazo de sus teléfonos por un miembro de la carrera judicial, todavía por identificar.