Con ETA desaparece un pilar de la democracia antiterrorista española
John Brown
La despedida definitiva de ETA es una buena noticia para toda la población del Estado español. Se acabaron unos atentados crueles y sin lógica política alguna. Se deberían acabar, aunque eso sea mucho más difícil las leyes y jurisdicciones de excepción que cercenan nuestras libertades. Cabe recordar, que los manifestantes del 15M que acordonaron el paso al Parlamento de Cataluña para evitar que se votase un paquete de medidas ferozmente antisociales, los está juzgando la Audiencia Nacional, el tribunal especial sucesor del Tribunal de Orden Público de Franco. Mientras existan las leyes, jurisdicciones e instituciones políticas que perpetúan el franquismo dentro de la democracia, estaremos en estado de excepción, en un largo estado de excepción que dura desde el 18 de julio de 1936. ETA ha sido en muy buena medida el pretexto soñado para que ese estado de excepción franquista se mantuviera bajo los ropajes de una "democracia antiterrorista", de una democracia amenazada por los "violentos". Por ese motivo, las autoridades españolas no hiceron gran cosa para que ETA desapareciera de la manera más fácil y evidente: atendiendo a sus reivindicaciones políticas, muchas de las cuales son compartidas por buena parte de los vascos y son perfectamente asumibles por una auténtica democracia. El Estado y sus distintos gobiernos siempre prefirieron, sin embargo, la vía policial, cuando no el terrorismo de Estado y da la impresión de que cuando la paz se hallaba cerca en las distintas treguas de ETA, algún genio maligno se encargaba siempre de malograrla.
Hoy la declaración de ETA parece firme y definitiva. Se abre, pues, la posibilidad de un auténtico proceso de paz. En este proceso hay aún muchas dificultades que superar: las víctimas de ambos lados y los presos vascos. Entre las víctimas cabe distinguir entre las víctimas civiles de ambos bandos y quienes en ambos bandos estaban armados. Hay que recordar que los actos de violencia contra civiles son crímenes de guerra y que toda organización militar que se precie los debe repudiar. Entre los presos vascos debe distinguirse también entre quienes usaron las armas y quienes sólo expresaron opiniones. De estos últimos hay varios centenares en las cárceles españolas. Ni ETA ni el Estado son inocentes en este conflicto y ninguno de los dos es el único responsable. La organización armada vasca y el Estado español heredado del franquismo han formado hasta ahora un binomio cada uno de cuyos miembros ha justificado sus excesos por la violencia del otro. ETA se volvió casi indispensable para un Estado español que no tenía ninguna posibilidad en su constitución actual -tanto formal como material- de resolver democráticamente la cuestión nacional. El Estado español heredero del franquismo fue para ETA también un pretexto para asumir una función de representación de la fracción del pueblo vasco que opta por la independencia y el socialismo. El Estado español, por su parte, representaba a los ciudadanos españoles y les ofrecía protección a cambio de obediencia. Como dicen los mafiosos en las películas: "una oferta que no se puede rechazar". La organización armada vasca no ofrecía nada muy distinto al pueblo que denominaba "pueblo trabajador vasco": protección de la patria y de la identidad vasca a cambio de sumisión y ausencia de crítica a una vanguardia que podía permitirse ser mortífera por tener enfrente a un régimen que era el sucesor legal y legítimo de una atroz dictadura.
El binomio parece estar rompiéndose. En gran medida ello se debe a la vitalidad de la izquierda abertzale, que, a pesar de una brutal represión y marginación, ha logrado mantener su presencia en la sociedad vasca y vivir sus luchas. El contacto con la realidad de unas luchas sociales que no se jugaban en el espacio de la soberanía -de la violencia como atributo de la soberanía- distanció a la izquierda abertzale de la organización armada. Fue difícil, pues ETA no fue para muchos vascos una simple organización "terrorista", sino el polo a partir del cual se organizó la resistencia más efectiva al franquismo, que en Euskal Herria fue siempre particularmente enérgica y masiva. ETA en el País Vasco, no eran los Grapo: su función si acaso podría compararse a la del PCE durante el franquismo, con la importante diferencia de que ETA tenía un frente armado, "militar". Hoy, sin embargo, el rechazo a la violencia y al absolutismo de un poder que sólo es una caricatura de la soberanía, está afectando tanto a ETA como al Estado español.
No sé si desde la izquierda abertzale se le ha dicho a ETA "que no nos representan", pero con seguridad es algo que en ese sector político se ha pensado. De este modo, los movimientos sociales emergentes que se manifiestan en el conjunto del Estado español en el 15M y que niegan al Estado la posibilidad de representarlos, tienen tal vez un buen contrapunto en una izquierda abertzale que expresa sustancialmente los intereses de los mismos sectores sociales, y que también se está deshaciendo de sus propios "representantes". En este momento, el proceso de descomposición de neoliberalismo nos coloca ante una situación muy crítica para el régimen español: por un lado su legitimidad social es cuestionada por calles y plazas, su representatividad y su soberanía son cada día negadas por los mercados financieros a los que el régimen obedece, pero también por importantes sectores de la población que ya no quieren obedecer a quienes la agreden. A esto se añade un probable aumento de la representación política del idependentismo de izquierda en Euskal Herria que tampoco se siente representado por el Estado español y sus instituciones. Quienquiera que gane las elecciones legislativas españolas se encontrará ante un proceso que puede desembocar en una crisis de régimen. Agur ETA! Bye, bye (Franco's) Spain.