Los expertos de las Naciones Unidas han pedido a las autoridades españolas que garanticen que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán el 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública.
El Gobierno catalán ha programado un referéndum sobre la independencia de la Comunidad Autónoma para el 1 de octubre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España decidió el 6 de septiembre que el referéndum sería inconstitucional.
"Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas", dijeron los expertos.
Desde la sentencia, cientos de miles de catalanes han salido a la calle en protestas. Las tensiones han aumentado, con las autoridades buscando imprentas y requisando el material del referéndum. Los sitios web han sido bloqueados y las reuniones políticas han cesado.
Los políticos han sido arrestados, y los líderes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.
"Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, cortando la información pública y la posibilidad de debate en un momento crítico para la democracia española".
El 21 de septiembre, más de 4.000 agentes de policía ha sido desplegados en la región autónoma, con una orden del Gobierno de "actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal".
"Nos preocupa que este orden y la retórica que lo acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social", dijeron los expertos.
"Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y evitar la violencia de cualquier tipo para asegurar las protestas pacíficas en los próximos días", concluyeron.
Los expertos han estado en contacto con el Gobierno de España sobre la situación.