1. Cataluña es un territorio de la UE, del mercado común, de la zona euro y del espacio Schengen, que cumple toda la legislación de la UE. En este contexto, el estatus de una eventual Catalunya independiente en el seno de la UE sería una cuestión que se debería negociar políticamente. Todas las partes tendrían interés en encontrar una solución satisfactoria para no poner en riesgo la continuidad del euro.
2. Los Tratados europeos no establecen qué procedimiento seguir en caso de que un territorio de un Estado miembro se escinda. Tampoco preveían ningún procedimiento en el caso de la anexión de un territorio exterior a la UE a un Estado miembro y se encontró una solución política para la unificación de Alemania en 1991.
3. Una hipotética independencia de Cataluña significaría que el actual Reino de España se dividiría en dos nuevos Estados. No existe ningún referente que avale que el nuevo Estado resultante de este proceso continuaría siendo miembro de la Unión Europea en las mismas condiciones que actualmente, ni tampoco que el nuevo Estado catalán tuviera que comenzar el proceso de adhesión a la UE partiendo de cero. A pesar de mantener su nombre, la nueva España pasaría a tener 37 millones de habitantes y debería renegociar sus condiciones de adhesión a la UE (número de eurodiputados, votos en el Consejo, aportación a los presupuestos comunitarios, etc.). Igualmente, una Cataluña independiente sería heredera de la antigua España, y tendría los mismos derechos y deberes ante la Unión Europea que la nueva España. Así pues, habría que negociar los términos de la adhesión de Cataluña pero no se pondría en duda la continuidad del estado Catalán dentro de la Unión Europea.
Esta interpretación se basa el
Informe sobre la viabilidad del proceso de ampliación interna en la UE, elaborado por el Profesor de la Universidad de Stanford, Antoni Abat, y presentado en febrero de 2010.
