El debate sobre la reforma de la Constitución avanza. Ayer por la noche, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo manifestó que el Gobierno “no está en absoluto cerrado a reformar la Constitución” y reiteró que la decisión
sobre el “momento oportuno” está en manos del presidente del Ejecutivo. En los próximos meses, o en la próxima legislatura.
Esta es la cuestión. La solución al enigma seguramente está en el interior del código 11-9-11. Según lo qué ocurra en
Catalunya después del 9 del 11 –convocatoria o no de elecciones anticipadas- el debate puede tomar un ritmo u otro.
Argumentos a favor de la rapidez: En estos momentos Partido Popular y PSOE suman, holgadamente, los dos tercios del
Parlamento, mayoría cualificada necesaria para iniciar la reforma por el procedimiento agravado. Nadie puede asegurar que en
una próxima legislatura, PP y PSOE dispongan de esos dos tercios, con la consiguiente complicación política para los dos
partidos principales. El procedimiento agravado –necesario si se modifican el artículo preliminar, los derechos fundamentales o
los artículos que regulan el funcionamiento de la Corona- establece un proceso largo con dos apelaciones al pueblo. Las
Cortes aprueban una propuesta de reforma, se convocan elecciones, las nuevas Cortes concretan y aprueban la reforma y esta
se somete a referéndum.
El procedimiento agravado daría un especial formato político al final de la actual legislatura, ofrecería a los principales partidos
un buen argumento para apelar a la estabilidad -“o nosotros o el caos”- y delimitaría dos grandes campos: los partidarios de la
reforma y los partidarios de una incierta ruptura. Como en 1977, pero de otra manera. La reforma de la Constitución podría ser
el gesto de renovación y regeneración que hoy mucha gente reclama en toda España. En Catalunya no se resolvería nada de
manera inmediata, puesto que la fracción más dinámica del soberanismo ya ha pasado pantalla y no quiere oír ni hablar de la
reforma de la Constitución, pero modificaría sustancialmente los términos del debate interno. La reforma constitucional podría
evitar un final de legislatura trágico para el bipartidismo, si las previsiones de mejora económica no se cumplen del todo, o no
logran modificar el áspero clima social hoy imperante.
Argumentos en contra: El ciclo electoral ya está en marcha y en estos momentos sería muy difícil poner de acuerdo a PP y
PSOE, toda vez que el Partido Socialista ha de estar muy atento a su flanco izquierdo, seriamente amenazado por el fenómeno
Podemos. Si la fronda contestataria sigue ganando terreno en España, colocar la reforma constitucional como parapeto podría
ser peligroso, ya que esa reforma no resolverá, de manera inmediata, el problema de Catalunya. El Gobierno además -ayer lo
dejó claro García-Margallo-, no quiere que la reforma constitucional aparezca como una “cesión” al secesionismo catalán. Unas
próximas elecciones legislativas de carácter constituyente situarían el debate fuera del marco de la mejora de la economía y
podrían convertirse en una prueba áun más peligrosa para el bipartidismo. Esas elecciones podrían convertirse en un estímulo
para la corriente que pide un castigo ejemplar a los dos grandes partidos españoles.
Teniendo en cuenta el carácter precavido de Rajoy, la fase de rodaje del nuevo grupo dirigente socialista y sus problemas por
el flanco izquierdo, el probable éxito del 9 del 11 en Catalunya (que alimentará la hipótesis de elecciones anticipadas), la
secuencia de escándalos que no cesan de alimentar el descontento social con los partidos y los sindicatos, la relativa
proximidad de las elecciones municipales y autonómicas (mayo del 2015) y las actuales incertidumbres en la dirección
estratégica de la economía europea, diría que pesan más los argumentos favorables a la prudencia marianista, que a la
audacia reformista. Pero no es momento de dar nada por seguro. En estos momentos en España no hay que dar nada por
seguro.
Las líneas rojas de Margallo
García-Margallo manifestó la disposición del Gobierno a la reforma constitucional en un acto de claro signo bipartidista, puesto
que a su lado tenía al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Motivo del encuentro, la presentación del libro “La era del
federalismo”, del exministro y eurodiputado socialista Enrique Barón Crespo, organizado por todo lo alto en Madrid por RBA, el
grupo editorial barcelonés que preside Ricardo Rodrigo. PP y PSOE hablando de la reforma de la Constitución sobre fondo
federal. Hace un año esa escena era casi impensable en Madrid. El ministro dio a entender que no iba por libre y que sus
palabras habían sido acordadas previamente con Rajoy. Palabras con muchas cautelas y línea rojas.
La escena fue interesante. Viendo a García-Margallo y a Sánchez juntos en el estrado, tratándose ambos con exquisita
cortesía, era fácilmente imaginable el gobierno de gran coalición que seguramente algún día veremos en España, quizá más
pronto que tarde. Sánchez se mostró muy institucional y García-Margallo, notable orador, no pudo disimular el escozor, el
enorme escozor, que le provoca la situación en Catalunya.
El debate intelectual
El debate de la reforma constitucional está en marcha y creo que es imparable, independientemente del ritmo político que
adquiera el final de la actual legislatura. No cesan de publicarse libros y artículos con las más diversas propuestas y enfoques.
El referido libro de Enrique Barón, un político ilustrado que ha tenido la virtud de mantenerse bastante al margen de las batallas
internas en el PSOE, es un alegato general en favor del federalismo como filosofía de gobierno, en el mundo, en Europa y
también en España. Barón plantea completar la federalización del Estado español con dos modificaciones: la creación del
Senado territorial y el pacto de lealtad compartida.
Hay otros libros interesantes, de publicación muy reciente. Reseñaría dos. El primero de ellos tiene como autor a Francisco
Caamaño, profesor de Derecho Constitucional, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el periodo de tramitación
del Estatut –delegado especial de José Luis Rodríguez Zapatero en los debates-, posteriormente ministro de Justicia (2010) y
actual diputado socialista en el Parlamento de Galicia. Se titula “Democracia federal. Apuntes sobre España” (Turpial, 2014) y
propone deslindar claramente la reforma constitucional de la actual situación en Catalunya, con una propuesta interesante y
novedosa.
Caamaño propone trabajar con dos ritmos y dos escenarios. Mientras se debate la reforma constitucional en su conjunto, sin
prisas, efectuar una reforma concreta de la Constitución (artículo 92.1) -que no exigiría el procedimiento agravado, esto es, sin
disolución de las Cortes-, para permitir la celebración de un referéndum consultivo en Catalunya, “para verificar la voluntad
ciudadana acerca de la aceptación y el nivel de satisfacción de su autogobierno en los términos que legalmente se
determinen”. Según el ex ministro de Justicia hay que “poder conocer la intensidad de la demanda independentista, y, sobre
todo, poder introducir en la Constitución un elemento de distensión y enfriamiento”. En pocas palabras, el ex ministro socialista
Caamaño sugiere fabricar una válvula de seguridad.
Esa reforma concreta de la Constitución iría acompañada por una ley orgánica que establecería una nueva modalidad de
referéndum , fijando las condiciones de la misma, los tiempos y las mayorías reforzadas necesarias para presentar la iniciativa,
que debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Caamaño defiende así su propuesta: “Hay que abrir la posibilidad
de un referéndum asumiendo un marco legal claro y, al tiempo, disponer un tiempo de prórroga para la distensión y la
preparación de futuros escenarios que favorezcan el diálogo y el encuentro. Si defiendo la concesión de un time-out a cambio
de proceder a la constitucionalización de un referéndum “claro” o si se prefiere a pactar los términos de nuestra Clarity Act, es
porque no considero ni factible ni conveniente que el pacto que fundamente una futura reforma constitucional de España se vea
condicionado por tensiones secesionistas”. Una vía canadiense corregida.
Otro libro de referencia en estos momentos es el que acaba de publicar el catedrático Santiago Muñoz Machado, titulado
“Cataluña y las demás Españas” (Crítica, 2014), un ensayo que concluye con una propuesta muy concreta, atrevida y creo que
sugerente: efectuar en paralelo la reforma de la Constitución y del Estatut de Catalunya.
El proceso comenzaría con la reforma del Estatut, “para cambiar parcialmente su contenido e incluso su denominación” y se
programaría una reforma constitucional para darle cabida, de manera que la Constitución reformada se dotaría de uno o más
preceptos relativos a Catalunya. La tramitación simultánea de ambas reformas, sostiene Muñoz Machado, daría lugar a una
solución “paccionada” capaz de obtener consenso en Catalunya y en el resto de España. El catedrático de la Complutense
defiende que esta fórmula es mejor que la defendida por el abogado Manuel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la
Constitución especialmente atento a la cuestión catalana, que aboga por la introducción en la Constitución de una disposición
adicional referida a Catalunya, semejante, aunque con distinto contenido, a la que ya existe sobre los territorios forales (País
Vasco y Navarra). Muñoz Machado concluye con la siguiente advertencia: “Se equivocan quienes piensan que hacer muchas
concesiones de poder efectivo y reconocer especialidades en las relaciones intergubernamentales con Catalunya puede ser la
semilla de la destrucción del Estado”.
El debate está en marcha y creo que es imparable. Se equivocan en Catalunya quienes creen –o quieren creer- que nada se
mueve en España. El Partido Intransigente será derrotado, a ambos lados del Ebro, y ganará el Tercerismo, sin que sepamos
en estos momentos cuál de los diversos ‘tercerismos’ será el vencedor, puesto que algunos todavía no han salido del taller. El
año 15 será muy interesante. Aún más interesante que la secuencia 11-9-11.
