Por el Pluralismo Político y la Igualdad de Oportunidades
La decisión de la Junta Electoral Central, imponiendo las mayores dificultades posibles a la presentación de candidaturas en las próximas elecciones catalanas, es un atentado contra la democracia y el pluralismo político.
Se ha interpretado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para restringir, obligando a todos los partidos que no tienen actualmente representación parlamentaria a recoger el aval del 0,1% de los censados en cada provincia para poder presentarse a las elecciones.
La forma en que se ha ejecutado este mandato ha agravado el calado del ataque. El 3 de octubre, la Generalitat de Cataluña se pronunciaba expresamente, por medio de su página web, afirmando que “no será necesario un número mínimo de firmas de apoyo para que un partido pueda presentar candidatura”. Fue el 11 de octubre cuando se modificó esta información, cuando la Junta Electoral Central dictaminó la obligatoriedad de los avales, y el día 12 cuando se publicó en el BOE. De este modo, se recortó en diez días el plazo para el cumplimiento de un requisito que, en sí mismo, es un filtro que niega a muchas candidaturas el derecho democrático a presentarse a unas elecciones.
En las pasadas elecciones generales, esta medida dejó en la más absoluta indefensión a 178 candidaturas presentadas por 30 organizaciones, el 30% del total, despreciando la voluntad de miles de ciudadanos que las habían avalado con sus firmas. Hubo que recurrir en muchos casos al amparo del Tribunal Constitucional para que se aceptaran candidaturas cuyas firmas habían sido invalidadas por defectos de forma.
En la Constitución se declara ya en su artículo primero que el pluralismo político es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y un pilar de nuestra democracia. En las elecciones, la ciudadanía debe tener la capacidad para decidir a qué formaciones, candidaturas, programas y alternativas otorga su confianza. Limitar o restringir el derecho democrático de cualquier candidatura a presentarse a una contienda electoral es recortar la democracia y las libertades.
Estos hechos constituyen un atentado contra derechos básicos, especialmente grave en este período, ya que vivimos un momento marcado por la exigencia de recortes a la inmensa mayoría de la población.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto exigimos del Parlamento y el Senado que modifique la actual redacción del artículo 169 de la LOREG para garantizar la igualdad de los partidos políticos y el pluralismo.
Demandamos a la Junta Electoral Central y al gobierno catalán que dispongan todas las medidas necesarias para garantizar a todas las candidaturas su derecho democrático a presentarse a las próximas elecciones autonómicas.
Reclamamos de los tribunales que cumplan su deber de defender las instituciones democráticas y el principio de pluralismo político que se consagra desde el mismo artículo primero de la Constitución, y exigimos que amparen todas las opciones democráticas y a los votantes que quieren ejercer el derecho a elegir libremente a sus representantes en un sistema pluralista y democrático. Pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas de España, sea cual sea su ideología, su adscripción política o la opción a la que vayan a votar en las próximas elecciones, que sean conscientes de esta amenaza a la democracia.
Firmantes:
Ciudadanos de Centro Democrático (CCD)
Els Verds – Grup Verd (EV-GV)
HARTOS.org Ciudadanos en Blanco (FARTS.cat)(Plataforma de 17 partidos en Cataluña)
Partido Animalista (PACMA)
Partido Castellano (PCAS-CAT) 2
Partido de los Pensionistas en Acción (PDLPEA)
Partido Humanista (PH)
Partit Republicà d´Esquerra – Izquierda Republicana (PRE-IR)
Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIN)
Unificación Comunista de España (UCE)
También apoya…
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C´s)
, pero supongo que habrá salido de alguna parte esa carta, mismamente podría ser algo tratado en reuniones de AAVV de la zona, como han hecho en la mía estos últimos años para formalizar peticiones al municipio por escrito y con orden legal.
