La metastasis financiera: camino a la perdicion

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Las mujeres se dejan los pelos del sobaco largos debido a la crisis.
Las plantas no se riegan debido a la crisis.
La crisis provoca cáncer.
Hoy es un gran día, debido a la crisis los periódicos de mierda se irán a la mierda.

Portada de la edición Web del 20 mentirosos.

http://www.20minutos.es/noticia/662666/0/fuga/cerebros/crisis/

Se ve que no había noticias importantes, así que le dijeron al becario que pusiera cualquier chorrada dentro del tono de medio de considerar a sus lectores como gilipollas integrales..
 
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Yo pondría otro titular:

"La crisis afecta a los periódicos españoles, que se ven obligados a contratar a absolutos incompetentes ante la imposibilidad de pagar sueldos decentes".

:juas

Manu1oo1
 
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Es que tela marinera... Desde hace unos años el análisis en los periódicos esta caput. Yo se inglés y soy una persona cualificada y de momento tengo toda Europa para trabajar. ¿Por qué me tengo que quedar en un mercado con peores condiciones para todo? Pero eso no lo dicen, unicamente se quedan en que como hay paro, la gente emigra.

Yo ya no entiendo el término de emigrar dentro de Europa.
 
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El presupuesto tendrá que estar equilibrado, el tesoro tendrá que volver a llenarse, la deuda pública se tendrá que reducir, la arrogancia de la burocracia tendrá que ser atemperada y controlada y la ayuda a las tierras extranjeras tendrá que eliminarse para que Roma no entre en la bancarrota. El pueblo debe otra vez aprender a trabajar en vez de vivir de la asistencia pública"

Cicerón, 55 AC


¡Qué poco hemos aprendido en dos mil años!
 
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¿Sabían ustedes por qué en España no quiebran los bancos? Sencillo, porque las empresas en quiebra no quiebran
por Crispin



¿Sabía usted que España es un país lleno de empresas zombis, que andan por ahí como muertos vivientes, gracias a un acuerdo negociado entre todos los partidos -sí, sí, ¡todos de acuerdo!-, que les permite no presentar la quiebra, aunque estén totalmente descapitalizadas, porque se ha habilitado un regimen especial para evitar las quiebras, que consiste en suspender las leyes que rigen esta válvula de escape del sistema? De esta forma, y como se protege especialmente a las inmobiliarias, los bancos españoles no quiebran.

Sí, ya sé que los enterados, profesores universitarios, contables, asesores, auditores, economistas y abogados mercantilistas conocen esta situación. El problema es que los demás, los que somos “chusma”, la “gleba” desinformada, los que recibimos el “soma” del mundo feliz del Telediario de la Uno sin anuncios, que nos administran violaciones, asesinatos de mujeres, futbol, atentados masivos en Paquistán, y poco más -como mucho Carmen Lomana bailando-, no tenemos ni puta idea de la existencia de este monumental engaño.

¿Por qué nos van a contar a nosotros lo que hay? Entonces lo sabríamos, y ya no nos podrían engañar como nos engañan: estoloarreglamosentretodos.org y todo eso, es lo que nos merecemos.

Pero es que deberíamos saberlo. Un régimen de excepcionalidad jurídica encaminado a engañarnos a todos, entre todos, sólo se puede tejer en un país en el que la democracia también ha sido suspendida por Real Decreto.

Por eso hay mucha gente que sigue pensando que aquí no pasa nada -¿no tiene usted un vecino subnormal que le da la paliza en el portal con eso de que lo de la crisis es un invento de cuatro pesimistas obsesivos?-, porque en realidad casi todo, en materia contable, es mentira, desde que se adoptaron estas extraordinarias medidas, habilitadas para que Zapatero pueda salir en televisión diciendo que la diferencia entre España y los Estados Unidos o el Reino Unido, es que aquí los bancos no quiebran. ¡Cómo van a quebrar, si las empresas que les deben realmente dinero, la mayoría del dinero, no quiebran, porque tienen un régimen de excepcionalidad que les permite engañarse y engañarnos a todos, y especialmente a sus acreedores!

El Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, “por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias”, abría esta asombrosa espita, en su disposición adicional única:

El presente Real Decreto-ley aborda otras medidas complementarias que afectan al ordenamiento jurídico mercantil. Así, la norma dicta con una vigencia temporal limitada un régimen excepcional para las reducciones obligatorias de capital y las disoluciones de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada como consecuencia de pérdidas. La reciente evolución de la actividad económica internacional nos sitúa en un contexto excepcional. Las pérdidas por deterioro, coyunturalmente significativas en determinadas compañías, al incorporarse a la cuenta de pérdidas y ganancias habrían de computar a los efectos del cálculo de la pérdida del patrimonio neto en los supuestos señalados de reducción de capital y disolución. Por esta razón se suspende, con una vigencia temporal de dos años y únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las existencias, el régimen societario aplicable, sin que ello suponga, por lo demás, alteración del correspondiente régimen contable.

Es decir, aquel Real Decreto suspendía el núcleo esencial del complejo entramado del derecho mercantil, que es la quiebra, la válvula de seguridad por la que escapa la presión en las situaciones especialmente complejas, con cuya regulación se aseguran los derechos de los acreedores, entre los que destacan los créditos preferentes de las administraciones públicas y los trabajadores. Con este decreto se autorizaba a las empresas, “en situación de quiebra”, a seguir sus actividades con normalidad, con evidente incidencia en las empresas quebradas del sector inmobiliario, aunque no sólo.

Hace unos días, Su Majestad El Rey de España firmaba el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, “por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal”, en el que se dice que

La reciente evolución de la actividad económica internacional nos sigue situando en un contexto excepcional, y las pérdidas por deterioro, coyunturalmente significativas en determinadas compañías, al incorporarse a la cuenta de pérdidas y ganancias habrían de computar a los efectos del cálculo de la pérdida del patrimonio neto en los supuestos señalados de reducción de capital y disolución. Por esta razón es necesario seguir suspendiendo con una vigencia temporal de dos ejercicios sociales a partir de la entrada en vigor del real decreto-ley, y únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y de las existencias, el régimen societario aplicable, sin que ello suponga, por lo demás, alteración del correspondiente régimen contable.

¿Han visto esto en algún periódico? ¿En alguna televisión quizás? Las empresas que protagonizan la crisis, y especialmente las grandes responsables de la burbuja inmobiliaria, en connivencia con la política, están dispensadas de la quiebra. Es como si a los particulares se les autoriza excepcionalmente, y por una temporada, el alzamiento de bienes como una práctica autorizada. O lo que se les ocurra.

Renuncio a intentar hacer por mis medios, una evaluación de lo que haría necesario el titánico concurso de una legión de profesores, economistas, abogados, contables, auditores e historiadores de la economía, para poner, blanco sobre negro, lo que significan estas decisiones, que se prorrogan por otros dos años, pero nos podría bastar con saber, que en la contabilidad de una inmobiliaria, los pisos son “existencias”.

Baste con saber que instar la quiebra de una sociedad es un evidente mecanismo de protección contra el fraude, que la responsabilidad de administradores va aneja a la falta de declaración de quiebra, y que por definición, la imagen fiel de las empresas, su gestión, y en definitiva, toda la realidad socioeconómica de un país, se han metido bajo la alfombra, con un decreto, al que sigue otro que lo prorroga, sin que sepamos cuántas prórrogas más se pueden llegar a habilitar, para impedir la quiebra en cadena de lo que en realidad está quebrado, en masa, pero no se declara, con grave menoscabo de los derechos de innumerables ciudadanos, y sobre todo, con una artificial e incomprensible ocultación de lo que es la realidad económica de un país que se engaña a sí mismo, y pretende engañar a los demás, haciéndonos creer que aquí no pasa nada.

Empiezo a tener serias dudas de que esto pueda ser tildado seriamente como democracia. Se han puesto todos de acuerdo para crear un Estado Económico de Excepción, del que no se habla en ningún sitio. La gravedad de estas decisiones, es decir, de las consecuencias de estas decisiones, es ilimitada, para empezar, la responsabilidad sobre lo que se está aplazando.

La diferencia entre España y los países en los que quiebran los bancos, es que aquí escondemos el problema en un sumidero de opacidad. Las consecuencias sólo pueden ser tremebundas, pues lo que no me puedo creer es que se puedan saltar así las leyes que rigen la actividad económica a la torera, para dilatar las consecuencias de una crisis, sin que esto nos salga carísimo a todos, puesto que como mínimo, cuanto más se dilate el estallido del problema, más se dilatará la solución.

http://elcomentario.tv/escandalera/...s-empresas-en-quiebra-no-quiebran/05/04/2010/
 
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¿no tiene usted un vecino subnormal que le da la paliza en el portal con eso de que lo de la crisis es un invento de cuatro pesimistas obsesivos?

¿Es necesario regar todos estos "análisis" con frases de esta calaña?

Manu1oo1
 
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Pero si es verdad lo que dice el artículo acerca de nuestra "democracia" es para bombardear el Congreso. Es mi opinión personal.
 
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... ergo bombardeemos el Congreso.

Y mientras tanto Aido lanzando un globo sonda con Blancanieves... No, no activare el seaker mode... Imaginaos lo que diría yo aquí y ahora...
 
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Lo que dice el artículos es al 200% cierto.

Yo me he visto en la situación de no poner una salvedad por continuidad en informes de auditoría por el decreto en cuestión.
 
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Es que esto es a lo que me refiero cuando me río cuando hablan de Democracia. Considerese una pseudo república dictatorial bananera de Mercado, con su propia censura de prensa no sea que nos enteremos de tejemanejes que no interesan.

Así que a todos ese grupo de intereses formado por políticos, empresarios y dueños de periódicos que luchan contra la libertad y en concreto al equipo de Gobierno con nuestro presidente a la cabeza...

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La factura récord de los funcionarios

FRANCISCO NÚÑEZ

En 2009, el peor año de la crisis económica y con el mayor déficit público registrado en la Historia (11,2% del PIB), la remuneración salarial total de los funcionarios de las tres administraciones (central, autonómica y local) alcanzó otro nuevo récord: 124.285 millones de euros (el 12,4% del PIB), el doble que hace 10 años.

La cifra supera con creces los ingresos obtenidos por el Estado en este año conjuntamente por IRPF, IVA y Sociedades. Con esos casi 125.000 millones habría dinero suficiente para realizar más de siete planes de infraestructuras en un año; o para pagar el paro durante más de cuatro años a los 3,2 millones de personas que lo perciben ahora; o para abonar durante casi año y medio los 8,9 millones de pensiones; o para que el ICO pudiera conceder líneas de crédito de 200.000 euros (como consta en el denominado Pacto de Zurbano) a 620.000 pymes.

En este año, con la inflación más baja conocida (0,8%), los salarios públicos subieron un 3,8%. Ese incremento, unido al aumento de las plantillas (sobre todo en las CCAA), supuso un alza de la masa salarial del 5,6% hasta esos 125.000 millones de euros (para tres millones de empleados públicos) frente a los 117.641 millones de 2008, según los datos de las cuentas no financieras de la contabilidad nacional del INE.

Mientras, en este mismo año las remuneraciones salariales de los trabajadores privados cayeron en su conjunto un 5,4% a causa de la destrucción de 1,2 millones de empleos y de la moderación salarial para evitar un mayor ajuste. Es decir, la masa salarial de las empresas se situó en 2009 en 309.394 millones (para pagar 12,9 millones de nóminas) frente a los 328.656 millones del año anterior. También cayeron (un 3,1%) las remuneraciones salariales del conjunto de la economía nacional (incluye también a los hogares) hasta los 511.145 millones, 16.000 millones menos que en 2008.

El Gobierno está desbordado por estas cifras. Ninguna Administración se atreve a realizar un ajuste serio en el gasto de personal.

Los expertos creen que el plan de austeridad del Ejecutivo para situar en 2013 el déficit en tasas del 3% no tendrá efecto si, al menos, no se congelan o bajan los sueldos públicos, se detienen las contrataciones y se modifica el estatus de empleo vitalicio. «Es el momento de que el capítulo 1 de los presupuestos deje de ser intocable cuando hay más de 4,5 millones de parados y las empresas no tienen acceso al crédito», dicen.

Los administradores siguen ajenos a la dura recesión económica que sufren los administrados. Desde que empezó la crisis a mediados de 2007, hasta finales de 2009, se han creado 135.000 nuevos empleos públicos mientras que han desaparecido 1,5 millones de puestos de trabajo en las empresas privadas.

Desde entonces, en poco más de dos años, las remuneraciones totales por asalariado han crecido un 15,2% en el sector público (pasaron de 107.835 a 124.285 millones) a pesar de la espectacular caída de ingresos en todos los impuestos. Mientras, en el sector privado (sumando sociedades financieras y no financieras) los salarios brutos se contrajeron en casi un 2% (de 336.632 a 332.464 millones). Esto significa que las administraciones abonaron cuatro de cada 10 euros destinados a pagar nóminas en España.

Esta remuneración contempla toda la masa salarial destinada a pagar nóminas. Es decir, los sueldos brutos fijos y variables, horas extraordinarias, cotizaciones sociales a cargo del empleador, antigüedad, y, en el caso de la administración, los complementos específicos, de destino o de productividad, por ejemplo. Se trata por tanto del coste total que generan en su conjunto los puestos de trabajo y que soportan los empleadores.

Así, de los datos de la contabilidad nacional se desprende que mientras en el sector privado el crecimiento de la masa salarial ha tenido un alza media anual en torno al 5% a lo largo de los últimos 10 años, en las tres administraciones del Estado ha sido de un 7%. Sólo en 2007, el gasto total en personal público creció un 9,7% (un 10,3% en las autonomías).

Según señala el profesor Mario V. González, de la EAE Business School, en un estudio sobre los costes de la administración pública española, «mientras el número de empleos públicos apenas han subido en la zona euro, en España crecieron un 32% entre 2000 y 2008».

En este periodo, la masa salarial pública subió un 59,2% frente a por ejemplo la de la administración alemana, que sólo aumentó un 3,3%. Sin embargo, ya en 2009, en el peor año de crisis, ese incremento alcanzó el 92%. Ello se debe sobre todo «al crecimiento desproporcionado del gasto en funcionarios de las autonomías», señala.

¿Cuánto cuesta a los contribuyente mantener este modelo de administraciones? Hace 10 años, las remuneraciones totales de los funcionarios tenía un coste de 1.598 euros por habitante. Pero en 2009 fue de 2.661 euros para cada uno de los 46,7 millones de ciudadanos (también el propio funcionario). El crecimiento ha sido del 66,5% en este periodo, del 11,7% en lo que va de crisis y del 4,3% en 2009.

Esta evolución ha provocado además otro efecto perverso sobre la economía nacional. Así, a pesar de que tradicionalmente se ha dicho que el sueldo de las empresas privadas es superior al de los empleados públicas, resulta que el coste salarial de un funcionario es un 51,5% superior al de un trabajador privado.

Según los cálculos realizados con los datos de la EPA, homogéneos con los de la UE, un empleado público tuvo un coste medio para la administración de 40.616 euros en 2009.

Esta cifra alcanza los 47.801 euros si se emplea el dato oficial del registro de personal al servicio de las administraciones del ministerio de la Presidencia. Según este departamento, hay 2,6 millones de empleados públicos, 500.000 menos de los que aparecen en la EPA.

Sin embargo, en estas cifras no aparecen los empleados de las empresas públicas extraoficiales que no consolidan cuentas con las administraciones respectivas. Tampoco cuenta el Gobierno a los altos cargos (soló en los ministerios hay 536 con un coste de 90 millones anuales), ni a los políticos (diputados nacionales y autonómicos, senadores, alcaldes y concejales), ni a los excedentes, que pueden volver cuando quieran.

Sin embargo, a las empresas privadas la remuneración de cada trabajador le sale por 26.811 euros. Esta cifra es todavía más baja (24.951 euros) si sólo se tiene en cuenta a las sociedades no financieras, que son la mayoría. Por tanto, le sale más barato contratar a las empresas privadas que a las administraciones, quizá porque las primeras se juegan su dinero.

También significa que el empleado privado gana menos mientras que su empleo no es para toda la vida.

Nada de esto ocurre en los países del entorno. Los gobiernos con pocos funcionarios, por ejemplo Holanda, son los que mayores costes salariales tienen ya que solo contratan a empleados con muy alta cualificación para garantizarse una mayor eficiencia administrativa.

La economista María Gómez en un estudio para la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, identifica otro problema y es que la Administración central no ha adelgazado su estructura burocrática al compás de las transferencias otorgadas a las autonomías. «Además, existe un derroche de recursos generado por la duplicidad de empleados que sólo genera ineficiencia», señala.

Y que el Gobierno no puede controlar esta bola de nieve de empleo improductivo y cada vez más caro lo demuestra el hecho de que en los dos primeros meses de 2010 el gasto en personal ha crecido un 4,6%, el doble de la previsión para todo el ejercicio.

GRANDES DIFERENCIAS
Caída salarial. Frente al crecimiento del 5,6% en el sector público en 2009, en el privado se registró un descenso de la masa salarial del 5,4% a causa de la destrucción de 1,2 millones de empleos y de la moderación salarial.
Destrucción de empleo. Desde mediados de 2007 hasta finales de 2009, se han creado 135.000 empleos públicos mientras que han desaparecido 1,5 millones de puestos de trabajo en las empresas privadas.
Coste por trabajador. A las empresas privadas la remuneración de cada trabajador le cuesta de media 26.811 euros. Por contra, a la Administración pública un funcionario le sale por 40.616 euros.

http://www.elmundo.es/2010/04/11/mercados/23794158.html

Menudo disparate de pais...
 
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Espero que tengan lo que hay que tener para, no ya congelar, sino reducir el salario de un alto porcentaje de funcionarios con salarios desorbitados y con empleos ociosos.
 
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¿Cuándo se jodió España?

@Roberto Centeno - 12/04/2010

Aunque la mayoría prefiera las ilusiones falsas a la realidad, España se desliza hacia un desastre económico y social sin precedentes, cuyo momento culminante será la quiebra de las cuentas públicas, a partir de la cual nos espera, en palabras del economista jefe de Bloomberg para Europa, “un largo valle de sombras”, donde van a hacer agua todas las grandes conquistas sociales de los últimos 50 años, desde la clase media, al sistema de pensiones, pasando por sistema nacional de salud y las prestaciones a los parados. Es evidente que la incompetencia oceánica, el sectarismo radical, y la carencia absoluta de sentido del Estado de Jose Luis Rodríguez Zapatero han acelerado el proceso, pero no es el único culpable. Nuestra ruina comenzó mucho antes.

Y entonces, ¿cuándo se jodió España? El origen es claro e inequívoco: el pactismo, la frivolidad y la mediocridad de los padres de la Transición, plasmados en la locura colectiva del ‘café para todos’, que dio paso a un modelo de Estado económica y políticamente inviable, en el que se inventaron 17 autonomías, contrarias en su mayoría a la realidad histórica y objetiva de España; a una partitocracia totalitaria que impide la separación de poderes y somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado; y a un sistema electoral no representativo de listas cerradas, que prima a las minorías nacionalistas, y permite a las oligarquías partidistas, confiscar la soberanía nacional y expoliar a los ciudadanos sin que estos tengan posibilidad de defenderse.

Lo que la Transición heredó y destruyó.

El periodo 1959-1975 fue el de mayor crecimiento económico de nuestra Historia, y con el mejor reparto de la riqueza creada jamás conseguido. En solo unos años, un reducido grupo de economistas, sin más ayuda que su inteligencia, convertirían un país atrasado en un país industrial. La cifra clave para demostrar ésta afirmación es el grado de convergencia con el grupo de nueve países que entonces constituían la CEE. De un 58,3% del PIB per cápita español en porcentaje del PIB medio de estos nueve países en 1959, pasaría al 81,4% en 1975, el mayor nivel de convergencia jamás alcanzado. Y en cuanto al reparto de la riqueza creada, la parte del trabajo alcanzaría el 56% del PIB, frente al 45% hoy, y un cambio social sin precedentes, la clase media pasaría del 19,8% en 1935 al 45,3% en 1975.

Pues bien, el desastre de la Transición, hundiría la convergencia hasta el 70,8% en 1985, y 32 años después, en 2007, el año de máxima convergencia posterior, no había podido superar la cifra de 1975, es decir, sería el 78,6% de los nueve países centrales, y probablemente no lo superará tampoco en los próximos 32 años. Por supuesto hemos crecido en riqueza absoluta, todo el mundo lo ha hecho, pero solo la convergencia, el crecer más que los demás, permite valorar la realidad.

En cifras absolutas, el colapso fue tal que de un crecimiento del 7,5% en el periodo 60-75, pasaríamos al 0,8% en 1975-85; el paro del 6% en 1974 al 36% en 1977; la inflación del 7% al 44% a mediados del 77, y la deuda externa superaría en tres veces las reservas del BdE. En solo dos años colocarían España al borde del colapso, evitado “in extremis” por Fuentes Quintana con los Pactos de la Moncloa, que dimitiría poco después por la irresponsabilidad de Oliart, siempre al servicio del poder, opuesto a racionalizar el sistema eléctrico. Otra cifra representativa: en 1975, España e Irlanda tenían la misma renta per cápita, 10.000 dólares. Hoy incluso con la crisis, la de Irlanda es un 40% superior a la española y la segunda de la UE.

La época de Aznar

No es posible en tan breve espacio mencionar siquiera muchos hechos clave y, para centrar las cuestiones de hoy, tengo que prescindir de Felipe González, una persona llena de luces y sombras, con gran sentido del Estado al contrario que Zapatero, pero que en lo económico cometió errores esenciales, la negociación de entrada en la UE por unas prisas que, aunque comprensibles, fue un desastre para España. Hubiéramos entrado igual sin ceder nada, como también fue un desastre la reconversión industrial, y la utilización de los excedentes de la Seguridad Social para financiar al Estado, 220.000 millones de euros entre 1982-96. En 1996, Solbes, un funcionario sin ideas y poco trabajador, dejaría España sumida en una grave crisis y el Estado casi quebrado.

Fue la hora de Aznar, que se encontraba en el sitio adecuado en el momento adecuado, unos cuantos tijeretazos al gasto, pero sobre todo la venta de las joyas de la corona, la privatización de las grandes empresas públicas, le permiten ordenar las cuentas y entrar en el euro, y a partir de ahí el ciclo alcista de la economía mundial nos llevaría en volandas: crédito ilimitado, bajos tipos de interés, y el inicio del boom inmobiliario garantizarían un crecimiento muy rápido. Por eso, cuando uno oye hoy al PP decir que ellos sacaron a España de una crisis y que lo volverán a hacer, uno no sabe si reírse o llorar, hasta Bibiana Aído hubiera pasado por un genio de las finanzas. Tanto es así que los dos mayores inútiles de nuestra historia económica, Solbes y Zapatero, consiguieron sin despeinarse crecimientos mayores aún en la parte final del ciclo alcista.

¿Supieron Aznar y su equipo gestionar la riqueza y la mayoría absoluta, y tomar las decisiones esenciales para garantizar un crecimiento sostenible y regenerar España? La respuesta es un no rotundo. Los defectos estructurales fueron tapados por la burbuja inmobiliaria, y no sólo no se abordaron, sino que resultaron amplificados y consolidados. El desbarajuste autonómico, en vez de ordenarse y limitarse, creció sin freno, y hasta el cupo vasco, en una negociación errónea y disparatada del ministro Rato, quedó reducido a menos de la mitad de lo que correspondía. Los monopolios públicos con precios regulados pasarían a monopolios privados con precios libres. Ni contención del empleo público, ni reforma del mercado de trabajo, ni reformas estructurales, ni nada de nada. Y en cuanto a regenerar España, ni siquiera lo intentaron, y hoy el PP con un líder sin convicciones, pusilánime e incapaz se encuentran en proceso de degeneración acelerado.

La época de Zapatero

El programa con el que Zapatero ganó las elecciones era correcto. Señalaba los problemas y abogaba por el cambio de un modelo económico insostenible. Pero una vez en el poder, un Solbes abúlico y sin ganas de meterse en problemas, que por otra parte desconocía, veía cómo la economía crecía sin saber por qué, mientras sesteaba y hacia sudokus, pero le daba igual, como el que la desigualdad creciera exponencialmente y el 10% más rico se apropiara del 70% de la riqueza; y no digamos Zapatero, dedicado a tiempo completo a la involución de España, a enfrentar a los españoles, a fomentar la homosexualidad y el aborto, al ataque sin tregua al cristianismo utilizando para ello el islamismo que aspira reconquistar Al-Andalus, a destruir el sistema de enseñanza pública que ha dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado, y a la liquidación, en suma, de la nación española, “algo discutido y discutible”.

Pero como era obvio, todo ha llegado a su fin, acelerado por la crisis mundial y por la delirante reacción de Zapatero ante la misma. Primero negó la crisis, después que estamos a punto de salir de ella, y su estrategia actual entra en el terreno de la demencia: para retomar el crecimiento, la chapuza de Zurbano y el cochecito eléctrico; para arreglar el déficit, acuerdo de austeridad con las CCAA, en 1.975 millones de euros, lo que gastan en cafés; para ocultar la quiebra de bancos y cajas, modificación de la Ley del Suelo; para ocultar la quiebra de las grandes constructoras y el hundimiento de la inversión pública, plan de infraestructuras absurdo, el 70% se invertirá en líneas AVE, una ruina económica y solo unos miles empleos en su construcción, e hipotecando al Estado durante 30 años en condiciones leoninas. ¡Eso sí que es dinero de verdad y no el de los chorizos de medio pelo de Gürtel!

Y así las cosas, los indicadores de oferta, consumo de las familias y mercado laboral del primer trimestre, en lugar de estabilizarse, muestran nuevos retrocesos, y en julio se culminará la mayor subida de impuestos de nuestra historia, cuyo efecto negativo sobre el PIB, como demuestran la evidencia empírica y los modelos teóricos, será tres veces mayor consecuencia del multiplicador -¿sabrá la Sra. Salgado qué es eso?–, lo que nos hundirá de nuevo en una profunda recesión, que ya no podremos arreglar emitiendo más deuda o con menores tipos de interés. En unos meses estaremos como Grecia, pero con el doble de tasa de paro, más del doble de funcionarios por mil habitantes, el sistema financiero quebrado y unas cuentas públicas desbocadas, un 70% fuera del control del gobierno. Da igual lo que digan el gobierno y sus secuaces, o que muchos cierren los ojos esperando un milagro. No habrá milagro alguno. El futuro llegará inexorable, mientras la mayoría silenciosa está más silenciosa que nunca, contemplando cómo destruyen su futuro, el de sus hijos y el de las próximas generaciones.


http://www.cotizalia.com/disparate-economico/cuando-jodio-espana-20100412.html
 
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Vaya mezcla de afirmaciones razonables con auténticas burradas, las del Centeno ése.


Espera! Como siempre...
 
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Han rebajado la deuda de las entidades en 2000 millones, hace poco eran 350,000 millones, millones de las hipotecas sin cobrar de promotores
 
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La larga soga de la ejecución hipotecaria en España....por Alberto Montero Soler


Alberto Montero Soler/Profesor de Economía Aplicada/Universidad de Málaga

A nadie se le escapa que la crisis que estamos atravesando está dejando a sus espaldas más damnificados de los que el gobierno y muchas instituciones económicas de prestigio inicialmente pudieron anticipar. Basta con ver cómo cada mes aumentan los datos del desempleo y los anuncios gubernamentales retrasan el momento en el que se prevé que la economía española comenzará a crear empleos para que, sin necesidad de ser excesivamente perspicaz, uno intuya que de este agujero nadie sabe aún ni cuándo y, lo que es peor, ni cómo va a salir España si no es esperando a que la recuperación externa acabe por inducir la nuestra.

Pero, además, ahora que el modelo se ha derrumbado, que el patrón de crecimiento sobre el que se ha sustentado el espejismo de la opulencia de los últimos años se ha desmoronado es cuando se comienzan a percibir alguna de sus perversiones más profundas.

Mientras el sistema funcionaba como un mecanismo engrasado se ignoró intencionadamente que, al igual que no existe la máquina del movimiento perpetuo, no existen tampoco economías que no estén sometidas a fluctuaciones cíclicas, a periodos expansivos y recesivos. Y esa ignorancia inducida revistió tintes de perversidad cuando quienes la promovían eran economistas que deberían ser plenamente conscientes de que cuanto menor es la intervención pública sobre la economía –y en los últimos años ha habido mucho de ello- mayor es la intensidad de esas fluctuaciones.

En el caso concreto que nos ocupa el sistema funcionó a pleno rendimiento porque la maquinaria de generación de opinión pública aliada con promotores inmobiliarios e instituciones financieras se encargó de instaurar en la conciencia colectiva una idea falsa que sirvió para engañar a miles de ciudadanos de este país: que el precio de la vivienda nunca bajaría y, por lo tanto, que la dinámica que impulsaba el precio de ésta al alza no tendría fin.

Esa mentira, difundida y amplificada por los medios de comunicación de masas, sirvió para que muchos ciudadanos adquirieran una vivienda al límite de sus posibilidades, endeudándose con unos horizontes temporales que, en muchos casos, se extendían casi hasta el límite de sus horizontes vitales. El temor a que los precios no dejaran de subir y, por tanto, a que el acceso a una vivienda se alejara con cada día que pasaba; la debilidad de la oferta de viviendas en alquiler a pesar del inmenso parque inmobiliario en construcción; y unas favorables, aunque coyunturales, condiciones de financiación estimulaban ese afán compulsivo por comprar un inmueble que durante años ha existido en España.

Pero, insisto, todo ello estaba construido sobre una falacia de la que eran sobradamente conocedores quienes no sólo tenían interés en el negocio sino quienes, además, se encontrarían en una posición privilegiada para defenderlo en caso de que las tornas cambiaran.

¿Qué quiero decir con ello? Pues, en roman paladino, quiero decir que las instituciones bancarias y financieras -que saben perfectamente que el precio de cualquier activo que está sujeto al tráfico mercantil, incluido la vivienda, experimenta variaciones en su precio que no siempre son al alza-, engañaron a sus clientes instándolos a que se endeudaran de por vida comprando una vivienda que, llegados momentos de recesión, no podrían pagar e, incluso, no podrían vender para atender sus deudas.

Que, además, sobre la base de ese engaño consiguieron que la demanda, a la que sobrealimentaban aligerando las condiciones para el endeudamiento, presionara constantemente sobre la oferta. Una oferta a la que, evidentemente, también financiaban para estimular la promoción y construcción de más viviendas.

Que, de ello, la resultante fue el espejismo de un círculo virtuoso que un día devino en vicioso: el día en que los bancos dejaron de confiar los unos en los otros y el acceso a la financiación externa se cortocircuitó. Ese día el rey quedó al desnudo: los bancos empezaron a mirar hacia su ombligo, olvidaron que no sólo ellos estaban en dificultades y comenzaron a pedir que los ayudaran porque ni habían actuado con la debida prudencia ni los multimillonarios beneficios que habían obtenido durante los años de la bonanza habían sido reservados para cuando llegaran las vacas flacas sino que se habían repartido a espuertas entre sus accionistas y directivos.

Pero que todo ello lo hicieron, además, y aquí viene la madre del cordero, favorecidos por una legislación hipotecaria que, de manera manifiestamente injusta, distribuye la carga de los errores en las asunciones de riesgo entre las partes a favor del acreedor y en flagrante perjuicio del deudor, esto es, en defensa de los intereses de los bancos frente a los de los ciudadanos.

Ejecutando a los más débiles
Y es que en estos días nos hemos encontrado con que, por fin, diversos medios están dando voz a las protestas de las miles de personas afectadas por una hipoteca que, ante la situación de crisis, no pueden seguir pagando y se ven obligadas a entregar su vivienda al banco sin que por ello quede cancelada su deuda.

Una situación que no es excepcional si se tiene en cuenta que en 2008 se realizaron 58.000 ejecuciones hipotecarias; en 2009, fueron 114.000 y para 2010 se estima que se realizarán en torno a las 180.000 ejecuciones. Es decir, en tres años se habrán ejecutado unas 350.000 hipotecas o, lo que es lo mismo, unas 500 personas habrán perdido su casa cada día.

La razón es que la legislación hipotecaria española permite que, en caso de ejecución de la hipoteca por impago, el inmueble pase a ser subastado y, si no hay oferta de compra, la propiedad sea adjudicada a la entidad bancaria al 50% de su valor de tasación, quedando pendiente de pago el resto del monto de la misma más los intereses y las costas judiciales generadas en el proceso.

El resultado es que este procedimiento genera una doble condena sobre el propietario de la vivienda: no sólo se queda sin propiedad –que, en la mayor parte de los casos, es su vivienda habitual- sino que también continuará endeudado en tanto no liquide el 50% del valor de la hipoteca inicialmente contratada más todos los gastos añadidos.

A mi modo de ver la injusticia del procedimiento es manifiesta pero, por si acaso, la resalto en sus diferentes manifestaciones.

De entrada, ¿cómo puede ser que en un acuerdo libre entre partes, en donde ambas deben realizar una valoración de los riesgos asumidos sobre la base de precios de mercado, la legislación sobreproteja no sólo a quien está en mejores condiciones para realizar la misma sino también a quien se encuentra en una posición de poder de cara a la finalización de la transacción?

Así, no cabe duda de que el banco que concede la hipoteca tiene un conocimiento más preciso de la evolución de la actividad económica en general y de la situación del negocio inmobiliario en particular, lo que le permite realizar una evaluación de los riesgos más aquilatada que la que puede hacer cualquier persona por muy elevado que sea su nivel de información. De hecho esto le permite, además, incrementar las exigencias de colaterales cuando entiende que el riesgo de impago del cliente excede de lo normal, exigiendo avales adicionales a los peticionarios.

Además, ¿cómo puede ser que en una sociedad capitalista de mercado se pretenda que el valor de tasación de una vivienda se mantenga inalterado desconsiderando las fluctuaciones del mercado cuando éstas son a la baja? ¿Es que el mercado sólo es bueno cuando impulsa al alza los precios y es malo cuando lo hace a la baja? ¿Es que los costes de un derrumbe del mercado inmobiliario sólo los deben soportar los ciudadanos hipotecados y no quienes les concedieron las hipotecas?

Pareciera como si para los ciudadanos la caída del precio de la vivienda no supusiera una reducción de su riqueza y debieran asumirla como la resultante de un error en sus cálculos mientras que los bancos quedaran exonerados de las consecuencias de sus errores, de actuar como si los precios nunca fueran a bajar o no fuera a producirse otra recesión en este país que acabara provocando que muchos de esos clientes aparentemente solventes a los que concedieron una hipoteca pudieran perder su empleo y, con él, su fuente de ingresos.

Nos encontramos, así, con que los errores de previsión de uno y otro lado son tratados con manifiesta asimetría y, consiguientemente, se genera una situación de injusticia que, entre otros efectos, está provocando que gracias a esta legislación las instituciones financieras estén recomprando esos mismos inmuebles al 50% de su valor de mercado y dejando sin hogar y agobiadas por las deudas a miles de familias.

Ello nos lleva a una cuestión más de fondo. Y es que una de las razones de ser del Derecho es precisamente la de contribuir a la superación de la ley de la selva, en la que se impone la voluntad del más fuerte, por un orden social más justo sustentado, entre otros elementos, por la protección de las partes más débiles en cualquier proceso de negociación. Baste como ejemplo el caso de la mayor parte de la legislación laboral desarrollada para tratar de proteger al trabajador frente al empresario y no porque se asuma que el segundo es intrínsecamente malvado sino porque la negociación inter pares es prácticamente imposible en ese entorno y, de darse, perjudicaría sistemáticamente a la mayor parte de los trabajadores.

Sin embargo, en el caso de la legislación hipotecaria la normativa introduce un claro desequilibrio en la atribución de los riesgos entre las partes contratantes y actúa claramente no sólo a favor de la parte que posee un mayor nivel de información previo de cara a la toma de decisiones sino, también, de la que mayor poder, en cualquiera de sus expresiones, posee.

Si la evolución de la legislación laboral, por continuar con el símil, hubiera seguido la pauta de la legislación hipotecaria, a estas alturas podríamos encontrarnos ante un ordenamiento en el que, tras el despido, el trabajador aún seguiría debiendo al empresario por la plusvalía no realizada o por las expectativas de venta no cumplidas.

Y todo ello porque al contrario de lo que ocurre en otros países como Francia, Inglaterra o Alemania, la legislación española no permite la dación de la vivienda en pago, es decir, que mediante la entrega de la vivienda que constituye la garantía del préstamo hipotecario éste quede saldado y ambas partes corran así con los costes de sus errores de cálculo y de su excesiva propensión al riesgo.

La banca nunca pierde
Todo lo anterior nos lleva a plantear, como hacíamos al principio, la perversidad intrínseca de un sistema que ha utilizado todos los resortes a su disposición para promover un crecimiento desequilibrado, sustentado en el sobreendeudamiento, al tiempo que, como los trileros, guardaba en la manga un as escondido por si cambiaba la coyuntura.

Venir a hablar ahora del libre albedrío de quienes se endeudaron alegando que pudieron no haberlo hecho es puro cinismo. Cuando la información se ha sustituido por la publicidad y los medios de comunicación se convierten en amplificadores de un mensaje que acaba por distorsionar cualquier cálculo racional sustituyéndolo por impulsos condicionados al mejor estímulo del perro de Pavlov lo primero que hay que preguntarse es dónde queda ese libre albedrío.

Pero, además, seguir elogiando la libertad de mercado y defendiendo sus ventajas cuando el sistema jurídico te previene frente a los riesgos de sus fluctuaciones cuando éstas son a la baja es otra muestra más de ese cinismo tan común entre nuestros banqueros.

Y, finalmente, alegar que una reforma de la ley introduciría graves problemas de inseguridad jurídica (o, lo que viene a ser lo mismo, que podría dar lugar a una elevación de la tasa de morosidad) supone ya rizar el rizo de la desvergüenza sobre todo porque el patrón desde el que lo miden es el del grado de incidencia que las reformas legislativas tendrán sobre su cuenta de resultados.

Así, no dudan en destacar la inseguridad jurídica que supondría una modificación de la legislación para evitar que miles de personas se queden en la calle pero no dicen nada al respecto cuando el gobierno introduce estos días una reforma en la Ley del Suelo para prorrogar el plazo legal de tres años que tienen los propietarios de terrenos urbanizables (y ahora las instituciones financieras disponen de mucho) para comenzar a construir en los mismos porque, de no hacerlo, éstos pasarían a considerarse rústicos. La desclasificación de los terrenos conllevaría, evidentemente, la caída de su valor y, por tanto, obligaría a bancos y cajas a realizar mayores provisiones lo que tendría efectos inmediatos sobre su cuenta de resultados. Y eso, como es sabido, no puede tolerarse.

Podemos comprobar, entonces, como nuevamente el Estado se pone al servicio de los intereses de las instituciones financieras protegiéndoles de las pérdidas de valor de sus activos cualesquiera que sean los mecanismos que pudieran generar ese efecto.

Que tus terrenos se pueden depreciar porque o los vendes en un mercado bajista o los desclasificas, no te preocupes que el Estado te da una prórroga para que los puedas vender cuando las cosas mejoren, no vaya a temblar tu cuenta de resultados mientras a tu alrededor cierra una empresa tras otra.

Que tus deudores no pueden pagar la hipoteca que les concediste casi metiéndosela por los ojos, no te agobies que viene el Estado y les obliga a devolverte la casa y a seguir pagándotela hasta el último euro junto a los intereses y los costes judiciales generados al arruinarles la vida.

Que fomentas una burbuja inmobiliaria promoviendo la especulación, la corrupción, la destrucción medioambiental y la ruina económica del país, no te deprimas que siempre se podrá constituir un fondo de varios miles de millones de euros que pagaremos entre todos por si en algún momento se te presentan problemas de liquidez.

Así que yo creo que las cosas a estas alturas ya están meridianamente claras: no es que la banca gane siempre, que también, sino que es que ni siquiera le dejan perder.

http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3548&Itemid=64
 
Respuesta: La metastasis financiera: camino a la perdicion

Y este lunes...:

CON NIÑO BECERRA EN SINGULARS
El próximo lunes en Singulars, Santiago Niño Becerra y yo mismo hablaremos de la crisis y sus condicionantes junto al valiente conductor del programa, Jaume Barberà. Entre Santiago y yo hay pocas diferencias en el fondo. Los dos apostamos por definir el escenario actual como de preludio de algo mucho más dramático, como de evidente cambio de modelo sistémico y de que lo que nos explican poco o nada tiene que ver con el asunto en realidad. La diferencia entre él y yo radica en el hecho de que yo no acepto como factor válido que esto no se pudo evitar, por lo menos no en la dimensión a la que ha llegado, que hay culpables y que siguen sentados en los mismos sillones de alcántara. También nos aleja el lugar desde el que observamos el problema. Yo soy poco académico y mis análisis radican en una parte importante en el día a día de la gestión de negocios y desde la puesta en marcha de proyectos tecnológicos. Considero que hay opciones y que éstas deben explicarse. No obstante admiro la capacidad de Niño Becerra, su prodigiosa inteligencia y el enorme valor de ir a contracorriente, sé lo que supone en lo personal y en lo profesional. Recomiendo a los de estómago sensible ver el programa sin cenar. ¡Lo vamos a pasar bien!

http://www.marcvidal.cat/espanol/2010/04/con-niño-becerra-en-singulars.html

Esperemos que alguien subtitule el programa.
 
Respuesta: La metastasis financiera: camino a la perdicion

Ya estoy mucho más tranquilo. :|

Manu1oo1
 
Respuesta: La metastasis financiera: camino a la perdicion

Tiene razón, la han conseguido estabilizar en la crisis, la cosa no va ni a peor ni a mejor.
 
Respuesta: La metastasis financiera: camino a la perdicion

¿Alguien está viendo el programa singulars?

Está siendo interesante, sí.
 
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