Jesús Cacho
Esto se parece cada día más a un régimen chavista que a una democracia europea. De sobresalto en sobresalto, la ciudadanía recibió el viernes la bofetada de una ley publicada en el BOE en cuyo preámbulo se acusa al PP de “desmantelar las libertades”. Convertir al BOE en el Granma, el Pravda o el Mundo Obrero. Un periódico de partido. En efecto, aprovechando el preámbulo de la Ley Orgánica que modifica el artículo 315.3 del Código Penal para suprimir el delito de coacciones de los piquetes en las huelgas, el Gobierno arremete con total desparpajo contra el primer partido de la oposición acusándolo de haber llevado a cabo, a partir de 2011 y mientras gobernó, “un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. El mundo de la abogacía y la judicatura todavía no ha salido de su asombro. “Hemos visto mucho con este Gobierno, pero nunca nada como esto”.
La exposición de motivos del texto legal incluye otras duras descalificaciones contra la reforma laboral aprobada en su día por el Gobierno
Rajoy, al asegurar que “prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos” (…) “No pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo (…) y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”. Un texto propio de
un régimen con vocación totalitaria, dispuesto a utilizar las instituciones para demonizar a la oposición, con el objetivo puesto en hacer desaparecer toda voz discrepante. Una evidencia del grado de postración al que ha llegado nuestra democracia, y una alerta sobre los riegos a que nos enfrentamos si no somos capaces de sacar cuanto antes del poder a la banda que nos gobierna, con su jefe a la cabeza.
Y todo ello con el bochorno añadido de la firma del rey de
España,
Felipe VI, sancionando una Ley Orgánica que deroga el delito de coacciones en el ámbito de la huelga, de modo que los temidos piquetes que amenazan a los trabajadores que pretenden acudir a su puesto de trabajo en un día de huelga podrán a partir de ahora hacer de su capa un sayo y actuar con total impunidad.
Pedro Sánchez lleva al
BOE su pretendida polarización de los españoles en dos bloques enfrentados, y fuerza al rey, que lo es de todos, a poner su firma en un texto legal que obliga a todos sin distinción alguna. Tal es la dimensión de la aberración cometida. Es verdad que el artículo 91 de la Constitución compele al monarca a sancionar, sin posibilidad de veto, cualquier norma que, procedente de las Cortes Generales, le sea sometida a firma, pero también lo es que hay otros cauces para evitar que su neutralidad quede dañada por operaciones de este porte. ¿No hay nadie en Zarzuela que le advierta de que, por constreñido que sea su papel constitucional, hay cosas que no puede firmar? ¿Nadie que le diga, Señor, tiene usted que llamar al presidente y decirle que un texto perfectamente posible en la antigua RDA no se puede pasar a la firma del Jefe del Estado de un país democrático?
De modo que los piquetes ya pueden volver a cerrar locales y coaccionar a los trabajadores que se nieguen a secundar una huelga. Bonita forma de estimular la creación de empresas. Perfecta base legal para promover la creación de empleo.
Alejandra Olcese publicaba aquí esta semana una noticia según la cual “
los inspectores de Trabajo multarán a las empresas que no controlen el riesgo de estrés, ansiedad o malestar psicológico de sus trabajadores”, una aberración más a añadir a la interminable lista de gravámenes, y no solo fiscales, que soporta cualquier actividad, por no hablar de la reciente obligación que tienen las empresas de confeccionar una “
auditoría salarial” para demostrar que pagan lo mismo a hombres y mujeres. Intervencionismo atroz de quien no cree en la libre empresa, que obliga a los gestores a un extenuante esfuerzo burocrático, con su correspondiente coste, al margen del que normalmente exige el negocio. Todos son, pues, “facilidades” para contratar. Nada extraordinario, ciertamente, en un Gobierno de izquierda radical al que en realidad la creación de empleo le importa un rábano porque lo suyo es el paro y la miseria del país; lo suyo es acabar con las clases medias a base de freírles a impuestos para, desde ese paisaje de tierra quemada, hacer realidad su paraíso socialista. No puede acabar con la pobreza quien, en realidad, vive de ella.
Todo lo relatado ha ocurrido la misma semana en que hemos sabido que el Gobierno Sánchez y su comunista ministra de Trabajo parecen dispuestos a seguir riéndose de la Comisión Europea con una reforma laboral que hacen mangas y capirotes de las instrucciones de Bruselas, y que,
comme il faut tratándose de una señora tan estrechamente ligada a CCOO toda su vida, pretende llevar a cabo la reforma regresiva con la que siempre han soñado, lo cual, como es obvio, solo servirá para cronificar las miserables cifras de paro que sufre el país. ¿Se saldrá con la suya esta gentecita? ¿Logrará engañar de nuevo a Bruselas? El miércoles, mientras
Yolanda Díaz lucía palmito reuniéndose allí con el vicepresidente económico,
Valdis Dombrovskis, llegaba a la mesa de derogación de la reforma laboral una última propuesta del Ejecutivo que, lejos de la flexibilidad que reclama la CE, persevera en otorgar un mayor poder de negociación a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y en limitar el poder de los empresarios para recortar sueldos de sus plantillas, amén de recuperar la ultraactividad de los convenios, Una de los grandes cambios que incluyó la reforma laboral de
Rajoy en 2012. Todo el poder para los sindicatos.
Un Gobierno enemigo de la libre iniciativa y unos ministros que jamás han pagado una nómina, capaces, sin embargo, de protagonizar el escandaloso silencio con el que han acogido la orgía de despidos que esta semana ha anunciado la gran banca española, que ellos le tienen mucho respeto a la banca, mucha afición al dinero.
Nada menos que 8.300 empleados pondrá en la calle la nueva CaixaBank, cifra a la que hay que sumar los
3.800 que el BBVA despedirá de acuerdo con el ERE conocido el jueves, las casi 3.600 bajas que en enero anunció el Santander y las 1.800 del Sabadell. Con ser todas cifras mayúsculas, lo de CaixaBank tiene una miga especial por la sencilla razón de que la fusión CaixaBank-Bankia tuvo como padrino al Gobierno Sánchez, accionista de control de Bankia, y que el Gobierno Sánchez se sienta en el consejo de administración de la entidad resultante. Y bien, señores del Gobierno, no había otra forma más suave, menos brutal, de acometer el obligado recorte de plantilla? ¿Es esa toda la estrategia de futuro que se le ocurre al señor
Goirigolzarri? ¿Esa, toda la ambición de crecimiento que atesora?
Resuena por eso atronador el silencio de un Gobierno sedicentemente de izquierda radical que, escondido ante el impacto social de esta escabechina, no ha dicho esta boca es mía. Bueno, sí, ha tirado del cinismo marca de la casa en la izquierda a la hora de criticar con la boca pequeña los sueldos de los ejecutivos bancarios, inaceptables desde todo punto de vista en la situación de depresión por la que atraviesa un sector maduro como este, víctima de la revolución tecnológica, la aparición de nuevos intermediarios y la tesitura de tipos de interés. Campeona mundial de hipocresía ha resultado ser la ministra de Economía, esa eterna esperanza llamada
Nadia Calviño, quien ha criticado los despidos y ha pedido al
Banco de España que vigile los sueldos de los altos ejecutivos bancarios. Y ahí ha estado bien
Pablo Casado, cuando ha criticado el cinismo de un Gobierno que conocía de sobra la escabechina laboral que preparaba CaixaBank, porque se sienta en el consejo de la entidad, y no ha dicho ni mu.
Este es el camino de perdición por el que transita este país víctima de un Gobierno en minoría al que sostiene lo peor de cada casa en la bancada de la izquierda radical. No hay posibilidad de progreso bajo la dirección de una gente incapaz de hacer realidad otra cosa que no sea el reparto de la miseria que generan sus políticas liberticidas y contrarias al emprendimiento. No habrá forma de aprovechar la lluvia de millones que el sátrapa espera recibir de Bruselas para blindar su poder sobre la base de una sociedad cautiva y desarmada y el apoyo de un nuevo ramillete de millonarios crecidos al calor de una corrupción a lo grande. La contaminación ha llegado hasta el BOE. Y el desprecio por las instituciones, hasta la figura del Rey. Sánchez es el enemigo de la felicidad y la prosperidad de los españoles, el gran riesgo para su convivencia en paz. El resto de la banda, con
Pablo Iglesias a la cabeza, es apenas la mano de obra especializada que el sátrapa necesita para acabar su labor de demolición.
“La derecha madrileña es la misma de siempre, la que dice que hace 80 años se vivía mejor, la que hace una semana en el Congreso justificó el golpe de Estado del 36, ¿os imagináis esa derecha en el Gobierno? Pues esa derecha ya está en el Gobierno con su representante que es Ayuso. Así que el 4 de mayo, a echarla”, mitin, ayer, de Adriana Lastra, uno de los lastres del PSOE. “Quiero transmitir a los jóvenes la cultura del esfuerzo y de la libertad, y decirles que lo que más cuesta en la vida es lo que más se valora. Por eso hay que salir todos los días a pelear, a trabajar, a estudiar, a conquistar y a vivir como vosotros consideréis, con responsabilidad. Quiero también trasladaros la cultura del sacrificio, la pelea y esa maravillosa palabra llamada voluntad. Porque con voluntad todo se consigue en la vida. Pelead por vuestros sueños. Escapad de los discursos del todo gratis. Sed libres”. Mitin, también ayer, de Isabel Díaz Ayuso. Dos estilos de vida. Dos modelos de sociedad. Socialismo o libertad.
