Con alguna dosis de benignidad se ha venido diciendo que aquellos que -parlamentarios, alcaldes, consejeros, responsables de la organización- cobraron de Francisco Correa o fueron beneficiados por su trama más allá de la entendible cortesía son simples chorizos incrustados en un partido político para medrar. Nada de eso. Porque en español es chorizo el “ratero, el descuidero, el ladronzuelo”. Y en el caso Gürtel estamos contemplando cuellos blancos, puños dobles con gemelos de firma y cantidades de un importe que desbaratan cualquier recurso semántico para disminuir la enorme responsabilidad de los imputados. Y están implicados políticos -“persona que interviene en las cosas del gobierno y del Estado”- que se han corrompido, es decir, que son corruptos -“que se dejan o se han dejado sobornar, pervertir o viciar” -.
Dicho lo cual, la gravedad del tema no se despacha -y lo siento de veras por el PP y por el propio Mariano Rajoy- con una declaración que relativiza la importancia del asunto porque no afecta a la financiación del partido, o que contiene la indignación que genera el caso con el dique de la presunción de inocencia. En definitiva: el PP y su presidente nacional -que con buen criterio se resiste a que los medios le marquen su agenda- ha de reformular su hasta ahora menguado discurso. Primero, porque los militantes del partido imputados han tenido una singular relevancia autonómica y -en el caso de Luis Bárcenas- también en el aparato central de la organización. Segundo, porque los cohechos -y el cortejo de presuntos delitos que podrían acompañarlo- se han producido en Administraciones Públicas regidas por miembros electos del Partido Popular. En ambos casos se produce una responsabilidad política de aquellos que, obligados a velar por la integridad de sus subordinados y la escrupulosa utilización del dinero público, no fueron capaces de conocer, primero, y evitar, después, los desmanes que la instrucción judicial del caso Gürtel ha puesto de manifiesto.
