Hay preguntas en esa entrevista que son
de juzgado de guardia. Sin ir más lejos, AlphaRay pregunta en la número 4 lo siguiente:
Si yo encripto un archivo con material protegido por copyright, de modo que el contenido de ese archivo parecen datos binarios aleatorios (que es la finalidad de la encriptación), y se lo paso a otra persona que lo desencripta para obtener así el archivo original, ¿se considera una violación del copyright? Hay que pensar que lo que estoy pasando, en éste caso, es un montón de datos binarios sin aparente sentido. Y el archivo se transforma en un archivo similar al original mediante un proceso matemático. No es lo mísmo que distribuir el archivo original, ¿Me equivoco?
La respuesta es evidente, y plantea la distinción entre infracción y delito. Algo que no creo que nos debamos plantear si lo que debatimos es "si está bien" o "si está mal".
La propiedad intelectual protege las creaciones humanas, originales, con aporte creativo. Que el archivo parezca, fruto del proceso de cifrado, otra cosa no quita que realmente el hecho sea una obra por debajo. El que se transmita a otro sería un acto de distribución (si va en un soporte) o de comunicación pública (si es por Internet) y eso, con la ley actual y si no se tiene autorización, sería una infracción (que no es lo mismo que que sea delito).
En la número 6, MaoMao apunta algo de lo que se ha debatido aquí:
Si existiera un portal en el que no hubiera ánimo de lucro y en el que simplemente los datos fluyeran en forma de intercambio de datos entre internautas anónimos, ¿podría ser legal? Creo que es el caso de eMule, porque no tiene publicidad.
La respuesta
Los portales son estructuras centralizadas y el eMule precisamente se diseña para ser descentralizado. En el eMule cada usuario enciende su programa y forma parte de la red. En este caso, el intercambio es entre particulares, sin ánimo de lucro y por lo tanto no es delito. Ahora bien, si los particulares no tienen autorización para enviar por email esos archivos sería una infracción de propiedad intelectual. Sucede que con las leyes sobre privacidad es casi imposible averiguar qué usuario particular envía o recibe un archivo.
