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Los Estados ‘zombi’ y la deuda pública, la bomba que está a punto de estallar
Carlos Sánchez
¿Cuánta deuda pública puede asumir un país del tamaño de España sin hipotecar su futuro? La pregunta puede parecer retórica -o incluso pretenciosa- habida cuenta de la que está cayendo. Pero aún así sorprende que un asunto tan transcendental como el volumen de deuda pública en circulación pase de puntillas por la agenda de la clase política. Ni en el Debate sobre el estado de la Nación ni en la reciente comparecencia de la ministra Salgado en la Comisión de Economía del Congreso se mencionó este asunto como uno de los grandes problemas del país.
La causa de tan sorprendente comportamiento del Gobierno y la oposición probablemente tenga que ver con eso que algunos han llamado ‘infantilización’ de la política, que consiste en ofrecer a los electores mensajes facilones y elementales para que actúen en sus mentes de manera compulsiva a modo de mantra. Desde Moncloa se repite de forma machacona que el Gobierno está impulsando un nuevo modelo productivo, como si con sólo aprobar una Ley llamada pomposamente de economía sostenible fuera suficiente para cambiar la suerte de un país. Mientras que la oposición parece empeñada en repetir a cada minuto lo que todo el mundo sabe, que en España hay mucho paro. Se habla, eso sí, de austeridad en las cuentas públicas, pero al mismo tiempo se propone aumentar las deducciones por compra de viviendas o una rebaja más o menos generalizada de impuestos y cotizaciones sociales.
Mientras esto ocurre, sin embargo, algo extremadamente importante está pasando. El Estado, como si fuera un alcohólico, se ha dado a la bebida. Hasta tal punto que en el primer cuatrimestre sus necesidades de endeudamiento (para financiar el déficit público) se han situado ya en 43.986 millones de euros. Una cifra verdaderamente colosal que significa que, de continuar este ritmo, el año acabará con 120.000 millones de euros de deuda nueva. O lo que es lo mismo. Este país se endeuda cada mes en más de 10.000 millones de euros sin que haya un verdadero debate nacional sobre cuál es el nivel sostenible de deuda.
Lo que está pasando recuerda de alguna manera a lo que Joseph E. Stieglitz denomina bancos zombis, expresión que alude a las entidades financieras que actúan en realidad como muertos vivientes, ya que sobreviven gracias a sus malas artes contables (con el consentimiento del supervisor) o a que reciben fondos públicos para seguir al pie del cañón.
Los Estados, que se sepa, todavía no practican la ingeniería contable más allá de lo razonable, pero actúan como si fueran zombis. Algunos están prácticamente quebrados, pero parecen dispuestos a mantener el nivel de vida de sus ciudadanos aún a costa de arruinar el porvenir de las próximas generaciones. Pagan con dinero ajeno lo que no está escrito, y todo por no decir la verdad a los ciudadanos: que esto no da para más y que el mundo ha vivido por encima de sus posibilidades, por lo que no hay otra solución que gastar en función de lo que cada economía sea capaz de producir.
El pensamiento Krugman
Un ejemplo puede ilustrar mejor que ninguna otra cosa este razonamiento. Si se cumplen las previsiones, la deuda pública española crecerá entre 2007 y 2010 nada menos que en 300.000 millones de euros (del 36,2% del PIB al 66,2%), una cifra verdaderamente descomunal. Sin embargo, esta evolución no parece llamar mucho la atención de la opinión pública. Probablemente como consecuencia de lo que podría denominarse ‘pensamiento Krugman’. El último premio Nobel de Economía, como se sabe, fía la recuperación a que el Estado tire de chequera. Lo repite por medio mundo, y como queda la mar de bien (nadie quiere reducir su nivel de vida) lo repite hasta la extenuación. Pero Krugman obvia que las recetas económicas a nivel planetario son simplemente absurdas.
Es ridículo pensar que equivalentes niveles de déficit en España y EEUU tienen las mismas consecuencias. Se trata de un gran error. Mientras que España el aumento del déficit se debe fundamentalmente al efecto combinado de una fenomenal caída de los ingresos públicos y a un fuerte aumento de los llamados estabilizadores automáticos (desempleo), en EEUU el desequilibrio fiscal tiene que ver con los paquetes de estímulo económico, ya que el Estado de bienestar es residual.
Quiere decir esto que en el primer caso el efecto multiplicador del gasto público sobre la economía es muy limitado, ya que el dinero se destina a mantener el nivel de rentas, mientras que en el segundo caso su impacto sobre la economía es mucho mayor, toda vez que su objetivo es estimular la productividad de la economía a medio y largo plazo. La cuestión, por lo tanto, no es gastar más, sino gastar mejor. ¿Es razonable mantener un sector automovilístico subsidiado cuando es más que evidente que tiene un problema de sobrecapacidad productiva?
Estamos, por lo tanto, ante realidades bien distintas, y por eso sorprende que desde algunos foros se minimicen las consecuencias que tiene para la economía un endeudamiento que a largo plazo puede limitar el crecimiento. No por su cuantía (que todavía es menor que en la UE) sino por la velocidad de su deterioro.
El paralelismo entre España y EEUU se puede hacer con otros países europeos como Francia o Alemania, donde el desempleo es sensiblemente inferior, lo que permite a sus respectivos gobiernos invertir en sectores de futuro. Como se ve, una sutil diferencia.
No quiere decir esto que haya que recortar la cobertura del desempleo. Lo prioritario es podar los beneficios fiscales (el dinero que deja de recaudar Hacienda por todo tipo de deducciones y desgravaciones), que hoy tienen gran capacidad para limitar la potencia recaudatoria de los impuestos. Hasta convertirse en una especie parasitaria del sistema económico. Y que en 2009 ascenderán a nada menos que 61.478 millones de euros. Mucho dinero que se podría utilizar de forma más racional para combatir la crisis y estimular el crecimiento. Sin hipotecar a nuestros hijos.